La masiva participación que tuvo en Argentina la versión local de la Marcha Mundial de la Marihuana estuvo acorde con la efervescencia que tomó el debate sobre la reforma de la ley de estupefacientes a partir de la detención y procesamiento de activistas por tenencia de plantas de cannabis en sus hogares. También se conoció la condena a Pablo Aguirre por poseer plantas de cannabis en su casa.
Como cada 7 de mayo, se llevó a cabo en más de 40 países la Marcha Mundial de la Marihuana. En Argentina, la fecha cobró esta vez gran relevancia entre usuarios, cultivadores y activistas, que se manifestaron en 23 ciudades. En Buenos Aires, la marcha convocó a 15.000 personas que se dirigieron de Plaza de Mayo al Congreso para solicitar a los legisladores una reforma a la Ley de Estupefacientes 23.737, que la coloque en sintonía con lo que dictaminó hace ya casi dos años la Suprema Corte de Justicia: que la penalización de la tenencia para consumo personal es anticonstitucional.
Presos por cultivar
Además de la profundización del debate en torno a eliminar del campo penal los temas relacionados al consumo de drogas, la movilización a nivel local fue masiva debido a la sucesión de detenciones por tenencia de plantas para consumo, entre los que se hallaban dos conocidos activistas a favor de la despenalización.
El primer caso no ocurrió en el país, sino en Uruguay, pero la afectada fue la escritora y activista canábica argentina Alicia Castilla. Su arresto en Montevideo se extendió por 95 días, luego de que se hallaran en su casa 29 plantas de cannabis. Castilla fue liberada a principios de mayo, pero deberá afrontar un juicio en el cual podría recibir una condena de recibir una condena de entre 20 meses y diez años de prisión. Esto ocurre en momentos en que el Parlamento uruguayo se apresta a tratar el tema en el corto plazo, y todo el arco político coincide en despenalizar el autocultivo.
Mientras tanto, en Argentina, Matías Faray estuvo detenido entre el 14 y el 29 de abril en la localidad bonaerense de Morón, acusado de violar el inciso A del artículo 5 de la ley 23.737, que reprime con reclusión o prisión de 4 a 15 años al que “sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación”. Matías recuperó la libertad pero, al igual que Alicia Castilla en Uruguay, continúa procesado.
Condenado por el número de macetas
En la semana posterior a la movilización, se conoció la condena a Pablo Aguirre, de 32 años, trabajador del Ministerio de Educación de la Nación y músico, a quien el Juez federal Xavier Tuya, del Tribunal Oral Nro. 6 de San Isidro condenó tras encontrar 12 macetas de plantas de cannabis y 80 gramos de marihuana prensada en la casa de Aguirre. “Debe considerarse que el cultivo de ese tipo de plantas es potencialmente eslabón del tráfico”, argumentó el Juez, quien citó una condena previa al fallo Arriola.
Aguirre había señalado que cultivaba “por los problemas que me trae con la policía comprarla, comprar está mal y es de mala calidad”. A su vez, el policía Cecilio Armando Argüello, responsable de las tareas de inteligencia previas al allanamiento declaró durante el proceso que “él no vio ningún movimiento de compra (o) venta de sustancias, y que nadie le comentó haber visto alguna actividad de este tipo”, según citó el diario Página 12 (13/05/11). Un grupo importante de activistas y compañeros de trabajo de Aguirre comenzaron una campaña para su liberación, a la que se puede adherir en: libertadapabloaguirre@gmail.com
Es hora de cambiar la legislación
Estos casos no hacen más que confirmar la necesidad -que comparten varios países de la región- de adecuar las leyes de modo tal que la tenencia y el cultivo para consumo queden al margen del combate al narcotráfico. Tanto en Uruguay como en Brasil, donde el bloque legislativo del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) impulsa un proyecto de despenalización que promueve además la creación de cooperativas para plantar Cannabis, el tema parece avanzar. En Argentina, mientras tanto, conviven en el Parlamento varios proyectos para reformar la ley 23.737.
Entre las ciudades que marcharon a favor de la despenalización se cuentan Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Córdoba, La Plata, Formosa, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Resistencia, Río Grande, Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Juan, San Luis, San Miguel de Tucumán, Ushuaia y Venado Tuerto. Se calcula que, en total, participaron de las manifestaciones más de 25.000 personas en todo el país.
