Graciela Touzé, presidenta Intercambios Asociación Civil
“La salud pública y los derechos humanos deben estar en el centro de las políticas de drogas”
(Discurso Apertura VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas; 04/10/2010; 17:00 Hs)Una vez más nos encontramos, aquí en el Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, dispuestos a profundizar un debate necesario sobre las políticas en materia de drogas. Ustedes bien saben que este es el octavo año consecutivo de esta reunión, un compromiso que nuestra organización – la Asociación Intercambios- ha asumido, consciente de la importancia de dar continuidad a estos espacios. En este año 2010, Intercambios cumple 15 años de trabajo sostenido, y esta conferencia ya ha ocupado más de la mitad del lapso de nuestra vida institucional.
¿Por qué creemos que este esfuerzo continúa siendo válido?
En primer lugar, porque estamos convencidos de que, como dice nuestro logo, hay que “hablar claro sobre drogas”. Y hablar claro es reconocer el fracaso de los últimos 50 años de intentos por controlar la oferta y demanda de drogas. Y no digo 50 años al azar sino porque estos son los años que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 está próxima a cumplir. Reconocer este fracaso no es, como algunos sostienen, bajar los brazos, sino tener la valentía de animarse a pensar en nuevas herramientas que enfrenten efectivamente el crimen organizado y la corrupción, que aborden los problemas sociales y de salud asociados con los consumos problemáticos de drogas sin tutelar ni castigar a las personas afectadas, que produzcan verdaderas acciones preventivas que superen los meros mensajes amenazadores o voluntaristas.
En segundo lugar, creemos que la Conferencia continúa siendo un esfuerzo válido porque año tras año hemos visto cómo nuevos actores se suman al debate, cómo se consolida una masa crítica que desde distintos espacios y perspectivas coincide en reclamar respuestas más integrales y multisectoriales, en las que lo público se construya entre el Estado y la sociedad, y en las que “sociedad” signifique un concepto inclusivo de sujetos y poblaciones tantas veces invisibilizados o rotulados despectivamente como diferentes.
Este es el sentido que pretendemos imprimirle a esta Conferencia. Un sentido que se traduce en la elección de los panelistas que hemos invitado, y que tan amablemente han aceptado la invitación. Porque aquí están convocados a compartir y debatir sus visiones, académicos y funcionarios de gobierno, activistas y legisladores, quienes diseñan y ejecutan las políticas y quienes las reciben, las usufructúan y a veces las padecen.
Con este sentido hemos organizado el programa de este año.
Como entendemos que la “cuestión” de las drogas presenta múltiples aristas para su análisis y entre otros aspectos, se relaciona con la gestión de la conflictividad, incluimos un panel que abordará aspectos vinculados al control y la seguridad, y creemos oportuno preguntarnos si no ha llegado el momento de modificar la legislación vigente en materia de drogas.
Por otra parte, hace un año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Arriola”, exhortó a todos los poderes públicos a desarrollar programas de asistencia integral en materia de drogas y dar así adecuado cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. Otro panel entonces discutirá los avances y los pendientes para que la atención socio-sanitaria abandone el enfoque tutelar por otro basado en los derechos.
Pero sabemos que los discursos innovadores si no se traducen en prácticas efectivas de intervención corren el riesgo de convertirse en discursos vacíos. El tercer panel relevará las necesidades y demandas que se erigen hoy en los territorios y las articulaciones entre las políticas globales y las respuestas locales.
Por último, como siempre nos resulta enriquecedor conocer el estado del debate en otros países, contaremos con la presencia del colega brasileño Antonio Nery Filho, quien compartirá con nosotros su experiencia en atención integral a los usuarios de drogas en Salvador de Bahía.
En línea con los ejes que proponemos para el debate, nos resulta auspiciosa la aprobación la semana pasada, durante la reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, de la nueva Estrategia Regional en el uso de sustancias y la salud pública. Los Ministros de Salud de todo el continente se comprometieron a adoptar acciones centradas en la prevención, la intervención temprana, la reducción de daños, el tratamiento, la rehabilitación, la reintegración social y la administración de sistemas de salud.
Insistimos: la salud pública y los derechos humanos deben estar en el centro de las políticas de drogas en la Argentina.
El debate sobre la reforma de las políticas de drogas se ha instalado en nuestro país y se han dado una serie de pasos en una buena dirección, pero aún falta mucho por concretar. Hay una serie de propuestas y resoluciones novedosas que pretenden devolver a la práctica judicial y a las políticas públicas la proporcionalidad, la eficacia y la humanidad. Es el turno de los legisladores consolidar el camino recorrido mediante la sanción de leyes, como los proyectos de Ley de Salud Mental y de creación del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones que se encuentran en el Senado de la Nación, o los proyectos de modificación de la Ley de Estupefacientes presentados en la Cámara de Diputados.
