Se inauguró la VIII Conferencia sobre Políticas de Drogas
“Es necesaria una ley que descriminalice la tenencia y controle precursores químicos y lavado de dinero”
Con importantes críticas a la criminalización de “mulas” que triplicó la población carcelaria de mujeres en la Argentina y al crecimiento de los niveles de violencia asociados al tráfico de drogas en el país, durante la apertura de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas la defensora general del Ministerio Público Stella Maris Martínez y la fiscal y experta Mónica Cuñarro coincidieron en la necesidad de una reforma legislativa integral. El encuentro, organizado por la asociación civil Intercambios y auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) continúa este martes 5 con la exposición del brasilero Antonio Nery Filho, especialista en crack y reducción de daños.
(Buenos Aires, 4/10/2010; 20:00 Hs) “Sin una ley que descriminalice la tenencia para consumo y que marque pautas serias para controlar precursores químicos y fondos, lo que estamos haciendo no se encuadra en una política seria”, aseveró Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación del Ministerio Público durante la inauguración de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas que, organizada por la Asociación civil Intercambios, se realiza este lunes y martes en el auditorio del Congreso de la Nación.
Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, la organización no gubernamental que desde 2003 organiza la Conferencia en el Congreso de la Nación, coincidió: “El debate está instalado, es el turno de los legisladores consolidar el camino con la sanción de los proyectos de Ley de Salud Mental y de creación del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones que se encuentran en el Senado, además de la modificación de la Ley de Estupefacientes 23.737 . La salud pública y los derechos humanos deben estar en el centro de las políticas de drogas.”
A su turno, Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, recordó que “salvo Argentina y Venezuela todos los países de la región han descriminalizado la tenencia para consumo personal”.
La fiscal advirtió sobre el crecimiento de la violencia asociada al crimen organizado: “Si bien en Argentina no está en riesgo la gobernabilidad a causa del narcotráfico, cada vez más aparecen situaciones de violencia que antes no conocíamos: un hombre acribillado en un shopping, el triple crimen de traficantes de efedrina y veinte homicidios en Capital Federal por conseguir rutas de tráfico a España”. Y vinculó estos acontecimientos con el paradigma de guerra contra las drogas “que con las operaciones Cóndor, Colombia y Plan Mérida llevó a países como México a niveles de violencia extremos y que se está trasladando a Guatemala y Costa Rica”.
El diputado Fabián Peralta, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, aseguró que existe “la decisión política de que el proyecto de reforma de la ley de estupefacientes 23.737 sea tratado este año o principios del próximo” y que se proponen “terminar con el supuesto de que todo consumidor es un adicto”. Cuñarro y Martínez reclamaron que la reforma debe incluir la proporcionalidad de las penas. “Se ha triplicado la cantidad de detenidas: mujeres pobres, que son de peligrosidad cero, quedan arrestadas en lugares inhumanos por hacer de mulitas”, señaló la Defensora General de la Nación.
Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, Lucía García, coordinadora de Políticas de Prevención de Adicciones anticipó que este tema se está incorporando en las paritarias y presentó el Observatorio de Situaciones de Vulnerabilidad en el Mundo del Trabajo, que se desarrolla junto a la facultad de Derecho de la UBA.
También participaron de la inauguración el juez Martín Vázquez Acuña y Alicia Gilone, integrantes del comité asesor en el tema de Jefatura de Gabinete; los ex legisladores Leandro Gorbartz y Sylvestre Bennis, autores de los proyectos de ley de salud mental y de creación del programa de prevención de las adicciones que obtuvieron sanción unánime en diputados; Oliver Moss, secretario de Asuntos Políticos y Globales de la Embajada Británica en Buenos Aires; los integrantes de Naciones Unidas Rubén Mayorga, coordinador de ONUSIDA para América del Sur, Marcelo Vila en representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Carola Down, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).
Enviaron sus adhesiones el jefe de gabinete Aníbal Fernández y el Ministro de Educación Alberto Sileoni; el legislador de la UCR Ricardo Alfonsín y las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, quienes saludaron “la apertura de un debate que nos saque de cierta parálisis de legislación vigente”, en la misma fecha en que ambas presentaron un proyecto para modificar la ley 23.737.
Durante el martes 5, la conferencia continúa de 9 a 18 con tres mesas: “Drogas, control y seguridad”, “Desafíos para la intervención en el nivel local” y“Atención socio-sanitaria y derechos humanos”. El cierre está a cargo del brasilero Antonio Nery Filho, coordinador general del Centro de Estudios y Terapia sobre el Abuso de Drogas (CETAD) de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y coordinador para cuestiones de alcohol y otras drogas de la Secretaría Municipal de Salud de Salvador de Bahía, quien expondrá sobre “Atención integral de los usuarios de drogas”, a partir de su experiencia en reducción de daños y en estrategias ante el crack en Salvador de Bahía.
El encuentro es patrocinado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y el Comité de ONG de Viena sobre Drogas (VNGOC) y cuenta con la adhesión de Defensoría General de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ONUSIDA, INADI, Grupo Latinoamericano sobre Políticas de Drogas (GRULAD), Drug Policy Alliance (DPA), Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Transnational Institute (TNI), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA).
