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Dirigido a activistas y profesionales que se desempeñan en ámbitos vinculados a las políticas e intervenciones en materia de drogas y/o VIH. Y a las personas interesadas en la problemática de las drogas desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos.

Comienzo de clases: 20 de septiembre de 2012

Duración: 2 meses

Clases: 8 clases virtuales dictadas con una regularidad semanal.

Becas totales

Se otorgarán becas a miembros de instituciones y organizaciones vinculadas a la temática del curso.

Para postularse a una beca, puede pedir el formulario de solicitud a lista@intercambios.org.ar o descargarlo haciendo clic aquí

El formulario de solicitud de beca deberá enviarse completo a lista@intercambios.org.ar hasta el 14 de septiembre de 2012.

Este curso se realiza con el apoyo de la Fundación Open Society Institute.

Fundamentación de la propuesta:

En países de todo el mundo, las personas que usan drogas ilícitas enfrentan a menudo situaciones de discriminación, rechazo y violencia que conducen a violaciones de sus derechos. Muchos de estos incidentes se ocultan o se justifican, bajo el argumento de la “peligrosidad” o la “incapacidad” de los usuarios de drogas, culpándolos así de los abusos a los que son sometidos.

Latinoamérica presenta un panorama disímil y complejo en relación con las respuestas estatales y de la sociedad en su conjunto a los problemas asociados con las drogas, así como respecto del estado del debate sobre el tema. En sus diversos contextos, algunas leyes y políticas son violatorias de derechos o crean las condiciones para que ocurran estas violaciones. Los abordajes tradicionales en materia de control de las drogas aún incluyen en distintos países el encarcelamiento por delitos menores vinculados al uso y la posesión de sustancias ilícitas, la violencia física y/o psicológica por parte de las fuerzas policiales, los tratamientos coercitivos, los programas de “rehabilitación” en establecimientos cuasi carcelarios sin ninguna racionalidad terapéutica, los análisis compulsivos de VIH, y los impedimentos explícitos o encubiertos para el acceso a los servicios de salud, a oportunidades de empleo y a otros beneficios sociales.

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