Hubo períodos de despenalización total del consumo y otros en que se asimiló “adicto” con “guerrillero”.
En 1926 se da por primera vez potestad a la policía para actuar sobre las personas que usan drogas. En 2010, el debate todavía se concentra en lograr llevar de una vez al campo de la salud los problemas asociados al consumo de sustancias. En el medio, la Argentina tuvo períodos de despenalización total del consumo y otros en que se asimiló “adicto” con “guerrillero”. Aquí, una cronología de las políticas sobre drogas en la Argentina durante los últimos ochenta años.
2010. ¿El año de la reforma legislativa? En la actualidad, se encuentran en discusión en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Salud Mental y el proyecto de ley para la creación del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones, que a fines del 2009 recibieron por unanimidad media sanción en la Cámara de Diputados. Está abierto, además, el debate sobre una reforma de la Ley 23.737 de Estupefacientes. En la actualidad, se encuentran en el Congreso de la Nación varios proyectos para reformar la ley 23.737 de Estupefacientes que penaliza al usuario de drogas. Desde octubre de 2009 tiene media sanción por unanimidad el proyecto de Ley Nacional de Salud Mental
(http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2009/PDF2009/SANCIONES/0126-D-2009.pdf) y el que crea el Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones
(http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2009/PDF2009/SANCIONES/0517-D-2008.pdf), ambos pendientes de ser tratados en el Senado.
2009. Fallo “Arriola” y despenalización en debate. El 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en el fallo “Arriola”, por unanimidad de sus integrantes, declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la ley de estupefacientes (N° 23.737) que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Según la Corte la inconstitucionalidad del artículo es aplicable a aquellos casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal que no afecten derechos o bienes de terceras personas. Antes, en marzo, 80 integrantes del poder judicial emiten un documento donde reclaman una nueva legislación que no persiga a los usuarios ni penalice la pobreza. Denuncian que el tratamiento compulsivo que establece la ley 23.737 es anticonstitucional. El 6 y 7 de agosto se realiza en la Argentina la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, organizada por Intercambios con el auspicio de la OPS y otros organismos de Naciones Unidas. Es la primera vez que un número tan importante de expertos en temas de drogas de la región se reúnan en el país a debatir las políticas de drogas.
2008. Un comité científico para reformar las políticas. Se crea en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación un Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja para proponer reformas y actualización legislativa en temas de drogas.
2005. Desfederalización de los delitos por drogas. La ley 26.052 permite que la justicia de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires asuma la investigación de los delitos menores (tenencia y pequeño tráfico de la ley 23.737, originariamente atribuida a la justicia federal. La Provincia de Buenos Aires se adhiere mediante la ley 13.392.
2003. Primer Conferencia Nacional de Políticas de Drogas. Por primera vez en la Argentina se abre el debate sobre los distintos abordajes para atender la salud de las personas que usan drogas. Organizada por la Asociación Civil Intercambios en el edificio Anexo del Congreso de la Nación, fue la primera de una serie de seis conferencias anuales sobre el tema, que cuentan con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ONUSIDA y la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito (ONUDD). En este espacio comienza a instalarse el debate sobre despenalización de la tenencia, geopolítica de las drogas y contexto sociocultural de las drogas.
2001. Pasta base de cocaína. La presencia de esta sustancia, que ya existía en Perú y Colombia, da cuenta de una nueva posición de la Argentina en la configuración de la geopolítica de las drogas a nivel mundial. Indica que algunos eslabones de la cadena de producción se asentaron en el país, hasta entonces considerado estrictamente “país de tránsito”. A la vez, revela la incorporación de parte de los sectores más pobres y vulnerables de la población al microtráfico local y del consumo de esta sustancia por parte de un sector específico de la población: jóvenes urbanos pobres.
2000. Se implementan estrategias de reducción de daños. Por impulso de organizaciones de la sociedad civil -Intercambios Asociación Civil; Red Argentina de Reducción de Daños (REDARD), Asociación de Reducción de Daños Argentina (ARDA)- comienzan a implementarse estrategias que tienen como objetivo disminuir los efectos negativos del uso de drogas: reducir la morbilidad y mortalidad, prevenir enfermedades, favorecer el acceso a los servicios de salud. Parte de reconocer las dificultades que muchas personas tienen para dejar el consumo e intenta reducir las consecuencias que provoca. La reducción de daños no es un reemplazo de los servicios dirigidos a la abstinencia, sino que ambos se complementan. El informe 2008 de la International Harm Reduction Association (IRHA), cuyo capítulo argentino fue elaborado por Intercambios Asociación Civil, contabiliza 25 estrategias de reducción de daños implementadas en estos años en el país.
1999. Primer encuesta nacional sobre consumo de drogas. El estudio lo realiza la SEDRONAR y estima en 600.000 las personas que usan drogas en todo el país, 200.000 de ellas en forma frecuente.
1989. Ley 23.737 sanciona la tenencia. La nueva legislación incrimina el uso personal con prisión de un mes a dos años. Se crea la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), que tiene a cargo hasta la actualidad tanto la asistencia a las personas que usan drogas como el control de los precursores químicos y el resto de los eslabones de la oferta de drogas. A nivel internacional, en 1988 se había firmado la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que acentuó la respuesta represiva como política global.
1986. Fallo Bazterrica. La Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad del artículo 6º de la ley 20.771 que penalizaba la tenencia de drogas para uso personal en el fallo “Bazterrica”, por el cual se había detenido al guitarrista de Los Abuelos de la Nada Gustavo Bazterrica. La Corte se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.
1983. Retorno de la democracia y énfasis en la prevención. Se instala la imagen del usuario de drogas como enfermo y el Estado se orienta a tareas de prevención. En 1984 el Departamento de Toxicomanía de la Policía Federal se convierte en la Dirección General de Drogas Peligrosas.
1978. Fallo Colavini. La Corte Suprema de Justicia ratifica la sentencia a dos años de prisión en suspenso al ciudadano Ariel Colavini, al que se había encontrado con dos cigarrillos de marihuana, por considerar que “el uso de drogas representa un peligro para la ética colectiva”.
1974. Se sanciona la ley 20.771. En Estados Unidos Richard Nixon califica a la heroína como “el primer enemigo público no económico”, un año antes se había creado la DEA. En Argentina, la ley 20.771 reprime con prisión de uno a seis años la posesión de estupefacientes, aunque estén destinados a uso personal. El ministro de Bienestar Social y creador de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), José López Rega, asevera: “Las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina, por lo tanto la campaña antidrogas será auténticamente una campaña antiguerrilla”. Los términos narcoguerrilla, narcoterrorismo y narcosubversión surgen en estos años.
1971. Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. Se extiende el sistema internacional de fiscalización a sustancias de la industria farmacéutica. Se crea el Servicio de Toxicomanías en el Hospital Borda y el Centro de Prevención de la Toxicomanía en la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA. Otras respuestas: la Comisión Nacional de Toxicomanías y Narcóticos (CONATON) presidida por el Ministro de Bienestar Social y el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), que existe hasta la actualidad.
1968. La tenencia para consumo personal no es delito. Una reforma del Código Penal agrava las sanciones al tráfico, pero la ley 19.567 deja fuera de sanción penal la tenencia para uso personal. Se forma la primera red policial antidrogas nacional y comienzan los operativos conjuntos con organismos internacionales; algunos policías viajan a formarse a los Estados Unidos. Mientras tanto, una reforma del Código Civil permite la inhabilitación e internación compulsiva de los “toxicómanos” y se crea la primera institución especializada en tratamiento y rehabilitación: Fondo de Ayuda Toxicológica (FAT), que depende de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA.
1963. Modelo represivo-terapéutico. Con la firma de la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, ratificada por la Argentina en 1963, comienza a tomar forma a nivel mundial un modelo de gestión represivo-terapeutista en el campo de las drogas. Las sustancias serán definidas como “estupefacientes” derivados de tres plantas: adormidera, cannabis y coca.
1926. Persecución del consumo. La posibilidad de perseguir mediante el derecho penal a quienes poseyeran drogas se introdujo en el año 1926, promovida desde la Policía Federal, que tenía desde 1921 un Gabinete de Toxicomanía. El consumo estaba acotado a ciertos sectores acomodados de la sociedad y no resultaba un problema para la mayoría de la población.
