Editorial
AVANCES
Y OBSTACULOS EN UN LARGO CAMINO
Para
quienes trabajamos en la problemática de las drogas,
el año 2003 ha comenzado con intensos debates en el ámbito mundial y también con
un renovado esfuerzo por defender los derechos de los
ciudadanos.
Del 8 al 18 de abril de 2003, se realizó en Viena la 46
Sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y allí
estuvieron amplios sectores de la opinión pública protestando por la guerra que
se desata sobre los usuarios de drogas.
Desde
Intercambios compartimos la preocupación ante las actuales políticas de drogas,
basadas en las Convenciones de las Naciones Unidas vigentes, que han sido
confirmadas por la ONU.
En
este número de intercambiando les acercamos lo sucedido en el encuentro que
evaluó la política mundial sobre este tema, y la experiencia que allí llevaron
quienes están trabajando, desde hace años, cerca de los usuarios de drogas.
Al
igual que otras ONG de todo el mundo, proponemos debatir este tema sin
prejuicios, desde una postura científica rigurosa y un compromiso ético básico:
reconocer los derechos de los usuarios en tanto ciudadanos y alzar la voz ante
quienes sólo les ofrecen cárcel y oscuridad.
Sin
embargo, la mayoría de los gobiernos aún priorizan la guerra contra las
drogas.
No obstante, aparecen señales alentadoras. Brasil, sin ir
más lejos, está discutiendo posibles modificaciones.
Aquí
también hemos dado pasos interesantes y en este número compartiremos los
avances. Durante el lanzamiento del Proyecto Regional sobre Sida y drogas, el
Ministro de Salud de la Nación, reconoció la importancia de “reducir los daños”
cuando no se puede evitar el consumo de ciertas
sustancias.
Además,
compartiremos un panorama sobre la actualidad de las políticas de drogas en
nuestro país.
Nos
reconforta ver como lentamente los principales medios reconocen que la política
de drogas es un tema pendiente en la agenda pública.
Con
este segundo boletín les proponemos continuar intercambiando
ideas.
INFORME:
VIENA 2003
Mientras
los gobiernos siguen apoyando la guerra, las posturas alternativas ganan
espacio.
El
16 y 17 de abril, ministros y funcionarios de más de cien países reafirmaron su
compromiso de luchar contra las drogas.
Los
ministros volvieron a confirmar la necesidad de la cooperación internacional, al
tiempo que expresaron preocupación por las políticas y actividades favorables a
la legalización de las drogas.
No
hubo el menor reconocimiento del fracaso de la estrategia diseñada en 1998 para
erradicar el cultivo de coca y cannabis
hacia el 2008, no se sometieron a discusión posibles alternativas a la
prohibición, ni se evaluaron las consecuencias no deseadas de las políticas
prohibicionistas.
Los
activistas a favor de la reforma de las Convenciones llevaban mucho tiempo
esperando esta reunión de la Comisión de Estupefacientes. Muchos de ellos
llegaron al centro de las Naciones Unidas para expresar sus protestas hacia la
política de drogas actual.
En
la Universidad de Viena se celebraron debates y talleres. En el Centro Cívico,
donde tuvo lugar la reunión de la ONU, una serie de expertos pusieron sobre la
mesa las dificultades del actual régimen de prohibición y plantearon un buen
número de políticas alternativas.
Disidencias
Pese
a todo hubo notorios síntomas de cambio, calificados como “grietas en el
consenso” por Martin Jelsma, del Transnational Institute (TNI). Cabría destacar
algunos avances, siendo el más importante de estos la sólida defensa por parte
de la delegación británica de la decisión de reclasificar la cannabis adoptada
por el Ministerio del Interior.
Esta
política fue atacada por la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), guardián de la Comisión de Estupefacientes, que exigió
el cumplimiento de las Convenciones y acusó al Reino Unido de dar un paso
peligroso con posibles repercusiones a nivel mundial.
La
delegación británica asesorada por el Ministro de Salud Bob Ainsworth hizo referencia a la
evidencia científica en la que había basado su decisión, y fue una excepción en
medio del tono alarmista del informe de la JIFE. Lejos de la asamblea plenaria,
los funcionarios de la JIFE se embarcaron en una acalorada discusión con la
delegación alemana, que había recibido una observación en el informe de la JIFE por su política
de salas de consumo. Marion Caspers-Merck, la Secretaria de Estado nombrada por
el Parlamento para asuntos de drogas, apoyó la interpretación alemana de las
Convenciones, alegando que estas permitían el establecimiento de tales salas, y
emitió un comunicado en el que se reclamaba una política internacional de drogas
equilibrada, realista y flexible.
Quizás lo más significativo fuera la
puesta en circulación de un documento interno, elaborado por la Sección de
Asuntos Legales del UNDCP (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
de Drogas). Bajo el título “Flexibilidad de las provisiones de los tratados en
cuanto a enfoques de reducción de daños”, el documento critica la falta de
flexibilidad de las Convenciones con respecto a los tratamientos con
sustitutivos, programas de intercambio de jeringas y salas de
consumo.
En
una referencia apenas velada a la despenalización, uno de los autores del
documento, un juez de nacionalidad francesa, alegaba que “evitar la prisión para
los usuarios de drogas es una buena medida”.
Dado
el impulso hacia el cambio que se respira entre algunos estados miembros de la
UE (Holanda, España, Grecia, Portugal, Bélgica, Alemania y el Reino Unido) y
dada la creciente evidencia del fracaso de la prohibición, este podría ser el
anuncio de importantes cambios en la implementación del régimen de control de
drogas.
Fuente:
Axel Klein, ENCOD.
Eurodiputados
piden cambios a la ONU
Más
de 160 eurodiputados realizaron un llamamiento público.
a
Naciones Unidas para que en la reunión de Viena se abra un debate sobre la
aplicación de políticas alternativas a la prohibición de
drogas.
Marco
Cappato (Eurodiputado italiano), Luis Yáñez (PSOE), Marisa Castro (IU), y el
filósofo Fernando Savater, presentaron en Madrid el llamamiento que hace la Liga
Internacional Antiprohibicionista, al que ya se han adherido, además de 163
diputados, más de 2.000 personas.
Las
Convenciones de Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988 prohíben la producción,
tráfico, venta y consumo de diversas sustancias para fines que no sean
estrictamente médicos. Sin
embargo,
según los firmantes de este llamamiento, en los últimos 30 años se ha demostrado
que la prohibición provocó el aumento del consumo de todas
ellas.
El
diputado Yáñez aclaró que ellos no piden que todas las drogas «sean legalizadas
mañana en todo el mundo, sino que hay que plantear otras políticas alternativas
al prohibicionismo».
Según Marco Cappato la ONU debiera al menos reclasificar
algunas sustancias (el hashísh está considerado lo mismo que la heroína) y tener
en cuenta los experimentos alternativos a la prohibición que se llevan a cabo en
algunos países, como el suministro controlado de heroína en Suiza.
“LA COOPERACION CON LOS USUARIOS DE DROGAS
DA MEJORES RESULTADOS QUE PERSEGUIRLOS”
Por
Peter Piot.
Director Ejecutivo de ONUSIDA.
Fragmentos
de su discurso nte
la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Viena,17
de abril de 2003.
"La
ciencia nos dice que las mejores respuestas son construídas sobre tres pilares:
reducción de la oferta, reducción de la demanda y disminución de los daños
sociales y de salud relacionados a las drogas. La experiencia nos dice que la
cooperación con los usuarios de drogas produce mejores resultados que
perseguirlos. Nuevas experiencias con modalidades de penas alternativas sugieren
que existe una salida para el espiral uso de drogas/prisión/VIH".
"El
desafío hoy es incrementar programas rápidamente, antes que perdamos otra
generación por el uso de drogas y el VIH/Sida porque nunca tuvieron acceso a
ningún tipo de intervención, servicio o tratamiento".
"Esta
Comisión en sus decisiones del 2002 para “Prevenir la transmisión entre usuarios
de drogas" ha hecho una enorme contribución a la Declaración de Compromiso sobre
VIH/Sida adoptada por unanimidad en la Asamblea Especial de Naciones Unidas para
el VIH/Sida realizada en el 2001".
"Hoy,
la necesidad es crear programas de gran alcance para frenar el avance del VIH
entre usuarios de drogas".
"Si
no les ofrecemos a los jóvenes trabajos decentes y una esperanza para el futuro,
el uso de drogas seguirá siendo una opción atractiva. Si no les damos a los
jóvenes herramientas no van a tener la posibilidad de protegerse del uso de
drogas y de la infección por VIH. Si no les ofrecemos a los usuarios de drogas
tratamientos humanitarios ellos no van a tener la posibilidad de escapar del
ciclo de la adicción".
ALTERNATIVAS A LA
PRISION
Tribunales
Especiales en Europa
El Observatorio Europeo de Drogas y las Toxicomanías
(OEDT) ha realizado un análisis sobre las alternativas a la prisión para los
delincuentes consumidores de drogas. El seminario fue realizado por el instituto
europeo en diciembre de 2002 y las conclusiones se dieron a conocer en abril de
este año. Una de ellas es que los tribunales especializados en drogas han
demostrado ser eficaces para reducir los delitos relacionados con drogas en
aquellas regiones donde no existen programas especializados de tratamiento,
puesto que estimulan la creación de servicios de tratamiento como alternativa al
castigo.
También
se demostró que el tratamiento como alternativa a la prisión es eficaz para
reducir el consumo de drogas y la actividad delictiva al tiempo que se
incrementa la salud y se eleva el nivel laboral.
Los
primeros tribunales especializados funcionan en Escocia e Irlanda, y allí la
policía, la justicia y los servicios de tratamiento se han unido, según informa
OEDT “para evitar que los
consumidores de drogas reincidan en la delincuencia, para reducir la dependencia
y para reducir los daños asociados a las drogas”.
La
situación en las prisiones argentinas
Más
del 60% de las mujeres encarceladas en nuestro país están en prisión por violaciones a la ley de drogas,
delito que motiva la cuarta parte de la totalidad de los encarcelamientos y que
absorbe la gran mayoría de las causas en la Justicia Federal.
En
enero último los delitos contra la propiedad alcanzaban al 38% del total de las
causales de encarcelamiento en el Servicio Penitenciario Federal. Un 24% de las
detenciones está motivado en violaciones a la llamada “Ley de Drogas” Nº 23.737,
que totaliza 2.331 casos sobre un total de 9.888. *
Por
su parte la violación a la ley de estupefacientes se mantiene en crecimiento en
las últimas dos décadas.
El
pequeño tráfico de drogas es, a la vez y holgadamente, la principal causa de
detención de mujeres sin distinción de nacionalidad, utilizadas habitualmente
como “mulas” para el transporte de las sustancias.
*
Fuente: Servicio Penitenciario Federal.
Asoma
el debate en nuestro país
Según
el Foro de Estudios Sobre Administración de Justicia (FORES), de las 23.000
causas que había en juzgados federales en 2001, 12.934 eran por drogas. Es
decir, del total del presupuesto de ese año (12.800.000 pesos), más de la mitad
se fue en ese tema. De estos casos, 284 se desestimaron, 28 prescribieron, 8.856
se sobreseyeron y 1.808 se archivaron. Sólo 153 (algo más del uno por ciento)
llegaron a juicio. "Y los que tuvieron sentencia se cuentan con una mano", dice
el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Y aclara: "La mayoría de las causas son
por tenencia para consumo personal, y es muy difícil que los jueces podamos
resolver estos temas". "La ley tiene muchos problemas y la tenencia para consumo
personal está mal encarada. El adicto es un enfermo, y una pena no lo hace dejar
de consumir. Lo mejor es la prevención", explica Canicoba Corral. Y propone
"crear tribunales especiales, interdisciplinarios, para que trabajen jueces
junto a médicos, psicólogos, sociólogos. Deberían cumplir una función tutelar
más que represiva".
-
¿Está a favor de despenalizar la tenencia de drogas?
-
Está demostrado que la penalización no desalienta el consumo. No creo que haya
que penar al consumidor. Eso es facilista. El Estado debe contener y
prevenir.
La
diputada Irma Parentella, vicepresidenta de la Comisión de Drogadicción de la
Cámara Baja, coincide en crear tribunales especiales: "En las causas por
tenencia para consumo personal nunca se llega a un
narcotraficante".
Fragmento del Diario Clarin del 19 de mayo de
2003
LEGISLACIONES SOBRE
DROGAS.
En
nuestro país la Ley 23.737 (1989) estableció que tener drogas para propio
consumo debía considerarse un delito, fijando como sanción hasta dos años de
prisión. Pero la consideración de la tenencia de estupefacientes como delito no
ha sido siempre la misma en la legislación penal de nuestro
país.
A
partir de 1926, se penalizó a quienes, no estando autorizados para la venta,
tuvieran en su poder alcaloides, narcóticos y sustancias medicinales y no
justificasen “la razón legítima de su posesión o tenencia”. En 1968, una
modificación debida a la Ley 17.567, expresamente excluyó como infracción penal
la posesión para uso personal. Esta situación continuó hasta el año 1974 cuando
se sancionó la Ley 20.771 donde se volvió a penalizar la posesión de drogas
hasta con seis años de prisión, aunque estuviera destinada a uso personal. En
1986 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del artículo que lo
establecía. Finalmente en 1989 se sancionó la ley que rige en la actualidad, la
que nuevamente considera delito la tenencia de drogas para uso personal.
Estas
variaciones son apreciables en la historia de nuestro país y también en la
situación actual de otras naciones. Algunos países, al igual que el nuestro, han
elaborado normas que dan una respuesta represiva frente al consumo de drogas,
sancionándolo con penas de privación de la libertad superiores a un año
(Finlandia, Guatemala, Bélgica, Ecuador, Reino Unido, República Dominicana,
Irlanda, Cuba, Alemania, Brasil, El Salvador, entre otros).
En
algunas legislaciones se lo considera delito aunque la sanción consiste en la
realización de un tratamiento: Bolivia y Venezuela para el caso de poseer drogas
para uso personal; Grecia, Panamá y Nicaragua, cuando se presentan signos de
dependencia.
Otros
brindan una respuesta menos represiva frente al consumo de drogas. Algunos lo
sancionan con pena de multa (España, Chile, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Costa
Rica), o con el retiro de alguna licencia –de conducir, de armas- (Italia); o lo
sancionan con penas de privación de la libertad menores como arresto hasta un
mes (Nicaragua), seis meses (Suecia, Canadá, Noruega, Austria) o hasta un año
(Francia, Estonia).
Finalmente
existen estados donde las propias leyes expresamente excluyen la posibilidad de
reprimir la tenencia de drogas para el propio consumo como delito (Perú,
Paraguay, Uruguay, México –en ciertos casos).
Muchas
de las legislaciones que de alguna u otra forma contienen algún tipo de sanción,
al igual que la de nuestro país, contemplan la posibilidad de evitar su
imposición o su cumplimiento, ya sea condicionándolo a la realización de un
tratamiento (Finlandia, Bélgica, Ecuador, España, Portugal y Austria –para
dependientes-) o dejándola
supeditada a la comisión de una nueva infracción (Portugal y Austria –para no
dependientes-).
Cabe
destacar que algunas legislaciones realizan diferenciaciones en función de la
sustancia. Por un lado, respecto a aquellas conductas ligadas al consumo de los
derivados del cannabis (marihuana, hashish, etc.) se observa un tratamiento más
leve (Irlanda, Cuba, Canadá y Luxemburgo). Por otro, si bien la sanción es la
misma, se realizan diferencias de peso según la sustancia a la hora de definir
lo que consideran escasa cantidad (Paraguay, República Dominicana, Venezuela,
Nicaragua).
Pero
para tener una idea acabada de lo que ocurre en estos países no basta con saber
lo que dicen sus leyes, es necesario conocer cómo las aplican los órganos
encargados de ello. Las experiencias de países como Holanda o el Reino Unido
muestran que más allá que legislativamente se encuentre previsto el consumo de
drogas como delito, aquellos que se ocupan de su puesta en práctica optan por no
perseguir ciertas conductas por considerar que ellas no resultan lesivas. En
Holanda esta práctica alcanza, incluso, a la venta de los derivados del cannabis
hasta ciertas cantidades y en determinadas
circunstancias.
En
el caso de Francia se impartió una directiva del Ministro de Justicia
aconsejando que para el caso de usuarios de drogas se dé prioridad a las
alternativas terapéuticas y se deje el encarcelamiento como última
opción.
Incluso
en algunos países europeos se han propuesto cambios a nivel legislativo para
despenalizar el consumo de derivados del cannabis en pequeñas cantidades
(Bélgica, Grecia) o para darles un tratamiento menos punitivo (Reino Unido).
Luego
de esta variada gama de opciones vigentes ante el mismo fenómeno, la propuesta
no es copiar modelos sino pensar si la respuesta que da nuestra legislación es
la más eficiente.
SIDA Y DROGAS EN
EL CONO SUR
Proyecto
Regional
El
12 de marzo se presentó en el Ministerio de Salud de la Nación el proyecto
“Prevención del Abuso de Drogas y del VIH/SIDA en los Países del Cono
Sur”.
El
Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García destacó que “hay que
recuperar tiempo perdido y buscar los resultados que conviertan a la Argentina
más saludable para todos”.
“La
receta es buscar fuerzas dentro de la sociedad para buscar entre todos disminuir
los riesgos, disminuir los daños “ dijo el Ministro González García. El Dr.
Laurent Zessler, representante de ONUSIDA para el Cono Sur, explicó que “los
usuarios de drogas van a recibir preservativos y agujas descartables. Se va a
reforzar la atención de salud a los usuarios de drogas. Este es un paso muy
importante para la lucha contra el Sida en el Mercosur“.
El
Comité de Gestión estuvo representado por la Lic. Graciela Touzé, de
Intercambios Asociación Civil y a cargo de la Secretaría Ejecutiva del proyecto,
quien sostuvo que “el sentido de estas acciones se juega en cada esquina de los
barrios, en cada usuario de drogas que se siente reconocido como persona“.
Esta
experiencia incluye actividades de entrega de jeringas e involucra a los propios
usuarios en las acciones preventivas.
Durante
la semana posterior a este lanzamiento los principales medios de comunicación se
ocuparon del tema, incentivando al debate sobre este nuevo enfoque de la
asistencia sanitaria a los usuarios de drogas. El día 13, por ejemplo, Página12
publica una extensa nota titulada “Empujón oficial para la política de reducción
de daños” y el día 14 La Nación publica su segunda nota sobre el mismo evento,
en este caso un informe de una pagina titulado “El reparto de preservativos y
jeringas, eje de una discusión”.
Seminario
con legisladores nacionales
Intercambios
Asociación Civil y la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del
Narcotráfico de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, realizaron el 8
de Mayo el Seminario “Políticas Públicas en SIDA y Drogas. Estrategias de
Reducción
de
Daños”.
El
encuentro tuvo como objetivo analizar las políticas públicas sobre la
problemática del SIDA y el abuso de drogas, y la relación de ambos temas con la
legislación vigente. Los diputados y asesores presentes intercambiaron ideas con
los expositores con el objetivo de dar una respuesta desde el área de salud
pública al avance del VIH/Sida en usuarios de drogas.
Participaron como disertantes: Dr. Laurent Zessler
(Coordinador ONUSIDA para el Cono
Sur), Dip. María Nilda Sodá (Presidenta de la Comisión de Prevención de las
Adicciones y Control del Narcotráfico), Dip. Irma Parentella (Vicepresidenta de
la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico), Dra.
Gabriela Hamilton (Directora Ejecutiva del Programa Nacional de lucha contra el
SIDA del Ministerio de Salud de la Nación), Dra. Sonia Quiruelas (Asesora de la
Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico), Dr.
Claudio Bloch (Director de la Coordinación Sida del GCBA) y Lic. Graciela Touzé
(Presidenta de Intercambios Asociación Civil).
Estuvieron
presentes en el debate legisladores de las comisiones de Prevención de las
adicciones y control del narcotráfico, Derechos humanos y garantías, Acción
social y salud pública y Legislación penal
Los
legisladores escucharon las propuestas de los diferentes actores involucrados y
se comprometieron a impulsar el debate para acompañar con legislación adecuada
los programas de reducción de daños.
CRUSADERS versus
OUTSIDERS
Luis
Fernando Niño.
Abogado
– Criminólogo – Doctor en Derecho - Profesor Universitario - Juez
de Cámara en lo Criminal.
Hace
exactamente treinta años, Howard Becker acuñaba la frase "empresarios morales"
para aludir a las organizaciones, grupos e individuos que inciden -directa o
indirectamente- en el proceso de creación de las reglas jurídicas en general y
penales en particular, y a quienes tienen a su cargo la aplicación de dichas
reglas.
Los
llamaba así porque la misión que asumen es la de emprender la creación de una
nueva parte de la constitución moral de la sociedad, de su código de lo bueno y
de lo malo; y calificaba también a esos empresarios morales de "cruzados", por
su tendencia a ver algo sagrado en esa misión, generalmente consistente en
imponer sus propias convicciones morales a los demás.
Aunque
sólo bastaría con eso para mirar con disfavor a estos paladines del bien -según
su propia óptica-, alertaba Becker respecto de otros dos riesgos generados por
su impulso moralizador.
En
primer lugar, denunciaba que muchas cruzadas morales obtienen apoyo entre
personas o grupos cuyas motivaciones son menos puras que las de los "empresarios
morales". En segundo término, relevaba una característica de todo cruzado moral,
consistente en preocuparse más por los fines que por los medios de su empresa, y
su correlato: cuando llega el momento de formular reglas específicas, el cruzado
recurre a los "expertos".
El
jurista juega con frecuencia este papel, por cuanto la formulación legislativa
es su especialidad; pero el psiquiatra es llamado con asiduidad a desempeñar ese
rol. Lo esencial, de todos modos, es que cuando el cruzado deja la formulación
específica de las normas en manos de otros, abre la puerta a los intereses
particulares de quienes van a dar forma a la regla en lugar
suyo.
Las
observaciones de Becker no han perdido actualidad: las campañas de los
"empresarios de la moral" –ciertos políticos y ciertos operadores periodísticos-
habitualmente apoyados y financiados por grupos de intereses de diversa ralea,
han delegado en juristas y psiquiatras, -a su vez, con sus propias perspectivas
e intereses- la tarea de precipitar en reglas de conducta ciertos valores
éticos, tomados por válidos por aquellos sin admitir prueba en
contrario.
Los
resultados de ese dislate están a la vista: una legión de usuarios y meros
tenedores puebla –excluyentemente- las estadísticas de la Justicia Federal;
abogados y médicos cultores de la creciente industria de la rehabilitación de
adictos, de parabienes; y los narcotraficantes, agradecidos a sus víctimas por
cargar el peso inerte de la pretendida función simbólica del Derecho
Penal.
ESPECIAL,
BRASIL
Lula saca de la mira a los usuarios menores y
apunta a los narco traficantes.
“Los
narcotraficantes de verdad”, señaló el Presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da
Silva “no se encuentran en los barrios donde la gente pobre es presionada e
inducida al crimen para ganarse el pan de cada día”.
Lula dio señales de querer apuntar a lo más alto en el
combate a la industria del crimen y agregó
“Hoy, como sea, debemos enfrentar una industria de crimen organizado, que
es multinacional. Cuenta con un brazo armado, cuenta con un brazo policial,
cuenta con un brazo en el Poder Judicial, cuenta con un brazo de negocios y
cuenta también con un brazo internacional”
Mientras
el presidente pronunciaba esas frases que marcan una voluntad de correr de la mira a los usuarios menores para
apuntar a los narcotraficantes, el Ministro de Justicia de Brasil Márcio Thomaz
Bastos sostenía que la despenalización del uso ayuda a combatir el narcotráfico.
El
Ministro Bastos se mostró encaminado a buscar herramientas legales para esa
voluntad general anunciada por Lula y agregó: “Estoy a favor de la
despenalización del uso de drogas”.
Entrevista
Celia Szterenfeld
Celia
Szterenfeld, Educadora y Terapeuta. Se dedica desde hace 12 años a la prevención
de la epidemia de Sida en Brasil al frente de la ONG Programa Integrado de
Marginalidade (P!M) en Rio de Janeiro. Es directora de ABORDA (Asociación
Brasileña de Reductores de Daños) y consejera de REDUC (Red Brasileña de
Reducción de Daños).
-
¿El gobierno de Lula ha cambiado en algo la política de drogas en Brasil ?. ¿En
qué sentido?
-
La política de drogas aun no fue definida y estamos a la expectativa. Queremos
que la SENAD (Secretaría Nacional Anti-Drogas) se torne una Secretaría Nacional
sobre Políticas de Drogas, así, en plural, y que un civil la comande. Y queremos que
se revise la ley.
A
nuestro favor tenemos el texto del programa de gobierno del PT que fue
presentado en la campaña por el actual gobierno. Allí hay un enfoque bien
diferente de esta cuestión, atento a las cuestiones humanitarias y dispuesto a
una flexibilización de la visión monolítica de la “guerra a las drogas”.
Pero
sabemos que hay mucha gente poderosa que sustenta la “guerra a las drogas”, por
ideología o por intereses económicos. Esperamos que haya una definición del
gobierno y que atienda a la
sociedad civil organizada comprometida con los derechos humanos. Al final
sólo estamos proponiendo que Brasil discuta e implemente una política de drogas
propia, que dé cuenta de cuestiones locales y sea lo más inclusiva posible con
sus ciudadanos.
-
¿Cómo ha sido recibida la declaración de Marcio Bastos, el Ministro de Justicia,
quien se manifestó a favor de flexibilizar la ley?
-
No sólo el Ministro de Justicia, sino también el Secretario Nacional de
Seguridad Pública, Dr. Luiz Eduardo Soares y varios políticos influyentes del
gobierno ya comprendieron la importancia de conducir la construcción de una
política de drogas más realista y pragmática, examinando alternativas
experimentadas en Europa y adaptándolas a nuestras realidades. Por ahora han
manifestado que, en forma personal, están a favor de la descriminalización del
usuario, pero que no fijan esa postura como Ministros hasta tanto el gobierno no
fije una posición. Pero es claro que somos optimistas, al ver tanta gente en
puestos de toma de decisión sensibilizada para modificar la represión sobre el
usuario.
AGENDA
Mesa
Redonda: “Políticas de drogas. Un debate necesario”.
Jueves
12 de junio, 18:30 Hs. UBA, Tucumán 3177, Aula 109. Organizada
por la Sec. de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA e Intercambios Asociación Civil
Apertura:
Prof. Federico Schuster, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires.
Disertantes:
Dr. Guillermo Aureano, Lic. en
Ciencia Política de la UBA y Doctor en Ciencia Política de la Universidad de
Montreal, Canadá. Dr. Horacio R. Cattani, Profesor de Derecho penal y
criminología (UBA – UNLZ) Juez de la Cámara Federal Penal. Dr. Mariano
Ciafardini, Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Lic. Graciela
Touzé, Presidenta de Intercambios Asociación Civil. Docente Investigadora de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Dr. Juan Carlos Vasco Martinez,
Abogado. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Intercambios,
Asociación Civil
para el estudio y
atención de problemas relacionados con las drogas.
Corrientes 2548 1ºE (1046) Buenos Aires,
Argentina.
