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Desafíos para esta etapa en la Sedronar: reflexiones de la Asociación Civil Intercambios, organización no gubernamental con dieciséis años de trayectoria en políticas de drogas, ante la designación de Rafael Bielsa como titular del organismo en reemplazo de José Ramón Granero.

La reciente designación de Rafael Bielsa como nuevo responsable de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) despierta expectativas e invita a la reflexión sobre cuáles son los desafíos en políticas de drogas en la Argentina.

Recientemente, desde Intercambios, repasamos la historia de la Sedronar: creada en 1989 directamente bajo la órbita de Presidencia de la Nación, por el entonces mandatario Carlos Menem, se concentraron en un único organismo responsabilidades tan dispares como la persecución criminal, la atención de la salud y la prevención.

Ese mismo año, la sanción de la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes estableció la persecución a las personas que usan drogas y su encarcelamiento en caso de no aceptar hacer un tratamiento, lo que tuvo consecuencias gravísimas: siete de cada diez detenidos por la ley de drogas son consumidores, el resto son mulitas (transportistas fronterizos con pequeñas cantidades) y pequeños vendedores de barrios pobres, que llegan a ser un tercio de las personas detenidas en las cárceles federales, en abrumadora mayoría mujeres jefas de familia y migrantes pobres.

El primer interrogante reside, entonces, en si habrá una separación de objetivos, o cuáles de las funciones asignadas a la Secretaría tendrán mayor énfasis en la gestión que se inicia. El segundo, si se seguirá avalando una ley que criminaliza a las personas que usan drogas, o se impulsará la atención de la salud y el respeto de los derechos humanos.

En materia de salud pública, la Sedronar tiene por delante una enorme tarea: 1) Propiciar que se incorpore de forma masiva a los centros de atención primaria y a los hospitales como dispositivos de atención de los usuarios de drogas; 2) Comenzar a promover las estrategias de reducción de daños, de probada efectividad para mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas y 3) Impulsar el desarrollo de dispositivos de bajo umbral, para atender y contener en territorio a quienes desde diversas situaciones de consumo no están dispuestos a un tratamiento en ese momento.

A esto deben sumarse el desarrollo de programas de prevención desde una perspectiva de derechos: que no estigmaticen al usuario, que no siembren el miedo ni centren el problema en la sustancia, sino en las relaciones que las personas establecemos con ellas para, desde allí, promover el cuidado y la atención. Es decir, programas donde se conciba a las personas como sujetos, que toman decisiones sobre sus vidas.

Finalmente, si acordamos que estamos ante una problemática compleja que impacta no sólo en la salud, sino también en la educación, la familia y el mundo del trabajo, sería alentador que la Sedronar lidere un abordaje intersectorial, que involucre al resto de las áreas de gobierno.

Rafael Bielsa, quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores (2003-2005) en la gestión de Néstor Kirchner, diputado nacional y luego candidato a gobernador de Santa Fe, no tiene antecedentes de gestión en temas de drogas, ni ha hecho aún declaraciones sobre cuáles serán los lineamientos de su gestión. En principio, queda por verse si con su nombramiento la Argentina logra saldar cinco años de permanente tensión entre dos perspectivas de la política de drogas: una desde Jefatura de Gabinete a favor de una reforma integral, y otra ligada al paradigma prohibicionista, que fuera sello de distinción de la Sedronar durante la última década.

Desde la Asociación Civil Intercambios, esperamos que en esta nueva etapa se sigan los lineamientos propuestos por la ley de Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema con el Fallo Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de prevención. Es decir, políticas que van hacia una respuesta integral, con eje en los derechos humanos y la salud pública.