Así lo demuestra la investigación “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina”, editada por la Universidad de Buenos Aires y la asociación civil Intercambios. El estudio analiza el perfil de personas detenidas por drogas, que es la segunda causa de encarcelamiento en el Sistema Penitenciario Federal.
La presentación se realizó el lunes 29 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029, ciudad de Buenos Aires.
(Buenos Aires, agosto de 2011) ¿Quiénes resultan presos por delitos relacionados con las drogas en la Argentina? ¿Son causas reales o “armadas”? ¿Se trata de grandes narcotraficantes o de los eslabones más débiles del negocio? A partir de estas preguntas se de desarrolla la investigación “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina”, cuyo autor es el experto Alejandro Corda. Editado por la asociación civil Intercambios y la Universidad de Buenos Aires, el estudio se presentó el lunes 29 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Un tercio de las personas detenidas en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal se encuentran en esa situación debido a delitos relacionados con estupefacientes. Se trata de la segunda causa de encarcelamiento, detrás de los delitos contra la propiedad.
El autor de la investigación, Alejandro Corda, abogado e integrante de Intercambios, señala: “Resulta claro que, por la forma en que se aplica la ley de Estupefacientes 23.737, los encarcelamientos recaen sobre dos poblaciones en particular: mujeres y extranjeros. Si bien el sistema penal siempre opera sobre las personas más pobres, en la aplicación de las leyes de drogas esto es aún más dramático. Es indispensable una reforma de la ley que haga más proporcionales las penas”.
Cifras y conclusiones
En la publicación “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina”, se plantean las siguientes conclusiones:
- A partir de la década de 1990, con la sanción de la ley de Estupefacientes 23.737, las agencias policiales operaron en el 70% de los casos sobre los consumidores. Es decir, 7 de cada 10 detenidos por drogas son consumidores.
- El resto del esfuerzo policial se concentró en los llamados “pequeños actores del tráfico”, es decir mulitas (transportistas fronterizas con pequeñas cantidades) y vendedoras en barrios pobres. “Esto trajo como consecuencia que un tercio de las personas detenidas en las cárceles federales lo estén por esta clase de delitos. Estas proporciones se duplican si se trata de mujeres o extranjeros, y es mayor aún cuando ambas condiciones se combinan”, asevera el estudio.
- A partir de 2005, en la provincia de Buenos Aires específicamente, con la sanción de la ley 26.052 conocida como “desfederalización” de los delitos de drogas, se incrementó el número de mujeres encarceladas por estos delitos. Se cita el conocido estudio del Consejo Nacional de las Mujeres, que estableció el perfil: “En su mayoría de entre 25 y 44 años, que desde las organizaciones clandestinas son tentadas para acciones penalizadas de alta exposición, mujeres de bajos recursos, con una carga familiar importante, que las convierte en destinatarias ideales para escuchar y aceptar la oferta”.
Testimonios directos
En los primeros meses de 2010, el autor realizó entrevistas a personas detenidas por causas relacionadas con estupefacientes. Las entrevistas dan cuenta de las siguientes situaciones: personas con problemas de consumo condenadas como traficantes; personas sin relación con el negocio condenadas por traficantes a causa de tener amistad o ser familiar de un traficante; consumidores que compraban marihuana en grupo para espaciar el contacto con los vendedores, procesados como traficantes.
Dos ejemplos:
-Mujer con situación de adicción a la cocaína que vende en pequeñas cantidades para sustentar su consumo y resulta condenada a 4 años de prisión; estuvo en la cárcel dos años y cuatro meses, entre 2000 y 2002.
-Mujer peruana residente en Argentina condenada a siete años de prisión (cumplió 4 años y 8 meses entre 2003 y 2007) porque en su casa se encontraron 4 kilos de cocaína. Aunque la policía sólo encontró cocaína en el garage y las escuchas telefónicas obrantes en la investigación demostraron que su ex pareja era quien recibía llamados y nunca ella, fue condenada. En la entrevista, la mujer señala que el secretario de juzgado la amenazó con una pena mayor si no decía algo en contra de los otros acusados: “Si vos hablás te va a quedar la carátula de encubrimiento (un delito menor), pero si no hablás te voy a armar la causa como para que vos te quedes de 25 a 30 años”, relata que la mujer.
El trabajo se divide en cinco capítulos: “Desarrollo de la legislación penal argentina”, “El sistema penitenciario; defensores y otros actores”, “Análisis de la población carcelaria”, “Profundizaciones, explicaciones e historias”, y “Algunas conclusiones y propuestas”. El informe aporta a la crítica y a la construcción pública de una política de drogas que tienda a disminuir el padecimiento social e insista en los principios de equidad y de inclusión social.
Además del autor, Alejandro Corda, participaron de la presentación de la investigación en la Facultad de Ciencias Sociales: Horacio Cattani, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA; Diana Rossi, coordinadora del Área de Investigación de Intercambios Asociación Civil y directora del proyecto UBACyT “Políticas estatales de control de drogas e instituciones sanitarias de atención para usuarios de drogas”; y Ana Arias, directora de la Carrera de Trabajo Social de la UBA.
Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación y capacitación con el objetivo de influir en las políticas de drogas gubernamentales y multilaterales. Organizó la I y II Conferencias Latinoamericanas Sobre Políticas de Drogas (Buenos Aires 2009, Río de Janeiro 2010); coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas nueve Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas. Entre sus publicaciones se cuentan: “Aportes para una nueva política de drogas. V y VI Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas” (2010); y “Saberes y prácticas sobre drogas. El caso de la pasta base de cocaína” (2007).
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