Las estrategias de intervención que se desprenden de la política de reducción de daños se caracterizan por:

  • Ampliar el abanico de la oferta de atención, estableciendo objetivos múltiples e intermedios.
  • Adaptar las intervenciones a la heterogeneidad de usuarios de drogas y sus trayectorias individuales.
  • Establecer una relación profesional-usuario de drogas más igualitaria, flexible y participativa en la toma de decisiones.
  • Incorporar medidas que permitan un uso controlado de sustancias. Entre el uso compulsivo y la abstinencia, trabajar con regulaciones en el uso de drogas
  • Recursos más abiertos, amigables y no censuradores.

Estas estrategias dan lugar a varios tipos de acciones, que pueden ser implementadas conjunta o separadamente, de acuerdo a las realidades de cada comunidad. Entre las más habituales, pueden señalarse:

  • Acciones orientadas a promover el consumo de menos riesgo, dirigidas a proporcionar educación sanitaria; suelen actuar en los entornos próximos a los lugares de consumo. En el caso de usuarios de drogas inyectables, incluyen los programas de intercambio y/o distribución de jeringas, que se pueden realizar desde diferentes lugares (equipos móviles con agentes de salud en la calle, centros de atención primaria, hospitales, centros específicos, farmacias, etc.) y los centros de inyección segura.
  • Acciones orientadas a brindar cuidados mínimos, que ofrecen servicios de ayuda social y sanitaria de base, adaptados a los estilos de vida de los usuarios y facilitan el acceso a la red socio-sanitaria.
  • Acciones orientadas a promover el sexo más seguro, que proporcionan educación sobre sexualidad y prevención, y favorecen el acceso a preservativos.
  • Acciones orientadas a reemplazar el uso de sustancias adquiridas en el mercado ilegal por sustancias prescriptas. Incluyen los programas de mantenimiento con metadona o los programas de dispensación controlada de heroína.
  • Acciones orientadas a promover el trabajo entre pares y la autoorganización de los usuarios de drogas, que propician el protagonismo de los propios usuarios como agentes de prevención y por la defensa de sus derechos ciudadanos.