Medicalización y control

                En el corriente siglo, cada vez mayor número de situaciones que antes no eran definidas como “problemas médicos” ingresan en su jurisdicción. Ivan Illich calificó este fenómeno como “medicalización de la vida”. Este proceso de medicalización tiene consecuencias en las formas de definir, interpretar y tratar/resolver los hechos de los que se ocupa. Si bien esto remite a un amplio espectro de acontecimientos, tales como el embarazo y el parto, las normas de crianza de los niños, etc., nos centraremos en la medicalización de la anormalidad, es decir en “la definición y la etiquetación del comportamiento anormal como problema médico, como enfermedad, que obliga a la clase médica a aportar algún tipo de tratamiento para el mismo” (Conrad, 1982). Simultáneamente se observa una creciente utilización de la medicina como agente de control social.

                Un análisis del concepto de medicalización requiere referirnos a dos ideas sociológicas generales: la construcción social de la enfermedad y la relación entre enfermedad y anormalidad.

                Podemos reconocer diversos enfoques en la conceptualización de la enfermedad: el concepto positivista, que define a la enfermedad como proceso biológico, que afecta el buen funcionamiento del organismo; la posición cultural relativista, para la que una condición es enfermedad sólo si así es reconocida y definida por la cultura ; y el enfoque construccionista, para el que “las enfermedades son juicios que los seres humanos emiten en relación con condiciones que existen en el mundo natural” (Conrad, 1982). Este último enfoque integra lo simbólico a otros procesos ; la construcción social de la enfermedad implica procesos sociales subjetivos y categorizaciones cognitivas y normativas. Desde este enfoque, Conrad trabaja con las designaciones: la enfermedad como juicio social y negativo. “De ello se desprende lógicamente que tanto la diagnosis -como clasificaciones sistematizadas- como los tratamientos se fundamentan en estos juicios sociales; no se puede separarlos”.

                Por otra parte, las relaciones existentes entre enfermedad y anormalidad ya fueron señaladas por Parsons: “la enfermedad tiene que ser definida -en uno de sus aspectos principales- como una forma de conducta desviada” (Parsons, 1984). Para este autor, inscripto en la orientación positivista, la desviación es real, existe en la experiencia objetiva y remite al comportamiento que se encuentra por fuera del sistema normativo (enfermedad y criminalidad). Por lo tanto, interesa preguntarse por las causas de la conducta anormal. Por el contrario, el interaccionismo considera a la desviación como una definición social; la aplicación de nociones como bueno/malo, correcto/incorrecto, sano/enfermo, son relativas y socialmente construidas, desde relaciones de poder. De allí que para la perspectiva interaccionista, el interés se centra en los procesos de construcción de tales definiciones y en las consecuencias del etiquetamiento tanto para los “desviados” como para los autores de esas atribuciones.

                 En distintos momentos históricos, diversas áreas y prácticas sociales han sido definidas de diferente manera. Estas diferentes definiciones implican la designación de distintos agentes de control. Volviendo entonces a nuestro planteo inicial -la medicalización de la anormalidad-, es observable que las definiciones médicas de la conducta desviada aumentan en forma creciente en las modernas sociedades industriales. “A las conductas desviadas, antes definidas como inmorales, pecaminosas o criminales, se les han dado significados médicos. Algunos dicen que la rehabilitación ha reemplazado al castigo, pero en muchos casos los tratamientos médicos se han convertido en nuevas formas de castigo y control social” (Conrad y Schneider, 1985). Entendemos por control social a los medios utilizados por una sociedad para asegurar la adhesión a sus normas, o dicho de otra manera, la forma en que minimiza, elimina o normaliza el comportamiento desviado. Pueden reconocerse controles sociales formales e informales. Siguiendo a Castel y Coppel, distinguiremos autocontroles y controles societarios entre los controles sociales informales y heterocontroles como las formas institucionalizadas de control social (Castel y Coppel, 1994).

                 Es así que prácticas sociales designadas como desviación, en distintos momentos históricos, son conceptualizadas y por ende controladas, por distintas agencias. Se advierte un pasaje que partiendo de la definición de la desviación como pecado, controlado por la Iglesia, re categoriza ciertas prácticas como delito, que pasa a ser controlado por el Derecho y luego como patología, sobre la que tiene autoridad la Medicina. Este pasaje conlleva la transformación de la noción de intencionalidad/culpabilidad en la de no intencionalidad/inimputabilidad y el cambio de un paradigma punitivo a uno rehabilitador. Como señala Freidson : “el derecho trata con actos de desviación imputada por los que el actor es hecho responsable y por los que debe pagar, en tanto que la Medicina se ocupa de la desviación imputada por la que no se considera que el actor es responsable y que es ‘tratada’ más que ‘castigada’” (Freidson, 1978). Este pasaje está influido por procesos ideológicos de secularización y humanitarismo y por procesos socio - económicos, ligados al papel del Estado y su función regulatoria. Estos cambios en la definición del comportamiento anormal, de sus sanciones y agentes de control son conflictivos y en cada momento histórico pueden coexistir distintas agencias encargadas del control de ciertas prácticas, como resulta evidente en el caso particular del uso de drogas ilícitas.

                 Para que este proceso de medicalización se produzca, deben configurarse una serie de condiciones :

  ·.  Un comportamiento debe ser socialmente definido como anormal.

  ·.  Debe ser socialmente definido como problema por un grupo de poder.

  ·.  Las formas previas de control social deben ser consideradas insuficientes o inaceptables.

  ·.  La institución médica debe estar de alguna manera preparada para hacerse cargo de dicho comportamiento.

  ·.  Deben existir algunos datos orgánicos sobre la fuente del problema.

  ·.  La clase médica debe aceptar que el comportamiento anormal entra en su jurisdicción.

 

                La medicalización de la anormalidad tiene una serie de consecuencias, entre las que señalaremos :

  ·.  Expansión de la jurisdicción de la medicina, sin tener en cuenta su capacidad para ocuparse adecuadamente de un problema. Esto se asocia al crecimiento de la industria farmacéutica y a la interconexión entre medicina y gobierno.

  ·.  Oscurecimiento de la preeminencia del orden moral por el vocabulario tecnológico - científico de la medicina.

  ·.  Profesionalización de los problemas humanos y sociales y delegación en los expertos de su atención, con su consecuente despolitización.

  ·.  Utilización de métodos poderosos y a veces irreversibles para tratar el comportamiento anormal, que generalmente sirven de apoyo al status quo.

  ·.  Individualización de las dificultades humanas y minimización de su naturaleza social.

        Elegimos ilustrar los conceptos expuestos, con la práctica social del consumo de sustancias psicoactivas como ejemplo del proceso de medicalización.

 De práctica social a delito - enfermedad

        Cualquier tratado de farmacología da cuenta de la enorme variedad de psicofármacos naturales y sintéticos disponibles en la actualidad. Esto no debe hacer olvidar la complejidad del tema desde el punto de vista temporal y espacial. Salvo las comunidades que viven en zonas árticas, desprovistas de vegetación, no hay un solo grupo humano que no haya hecho uso de alguno de ellos desde tiempos inmemo­riales hasta hoy. Esto hace al asunto de las drogas un fenómeno plural en sí; se da en una pluralidad de tiempos, en una variedad de lugares y por medio de diversas sustan­cias. Tal como plantea Oriol Romani, "...los usos de drogas son un fenómeno universal, mientras que la existencia de la drogodependencia como fenómeno social es característico de las sociedades urbano - industriales" (Romaní, 1992).

        Al respecto Antonio Escohotado señala: "Tras milenios de uso festivo, terapéutico y sacramental, los vehículos de ebriedad se convirtieron en una destacada empresa cien­tífica, que empezó incomodando a la religión y acabó encolerizando al derecho, mientras comprometía a la economía y tentaba al arte" (Escohotado, 1989). Este párrafo sintetiza el pasaje en la conceptualización de una práctica que, integrada socialmente durante siglos, pasa a ser definida como desvío, controlado sucesiva y conflictivamente por diversas agencias.

        Si revisamos entonces las condiciones que han posibilitado la medicalización del uso de drogas, encontraremos que esta práctica comienza a ser definida como anormal y como problema, recién en la segunda mitad del siglo XIX [1] . El pasaje del morfinismo a la morfinomanía señala la transformación de una práctica puramente privada en actividad antisocial. A fines del siglo XIX, se acuña el término toxicomanía, para designar a aquellos que abusan de drogas no tradicionales en Occidente; de la referencia a un producto de predilección, se pasa a la descripción de una desviación: el abuso, forzosamente perverso, de un producto tóxico. Podemos ubicar el origen de esta definición, en un nivel estrictamente sociopolítico y es en los Estados Unidos donde con mayor claridad se advierte la “empresa moral” encarada por los grupos de poder anglosajones. De problema que mostraba la “debilidad moral” de grupos considerados amenazantes (la población china pobre e industriosa, pero exigente en materia de salarios; los negros, latinos, irlandeses e italianos), el consumo de drogas se convirtió en delito de carácter planetario, merced a los Convenios de Ginebra. [2] Se volvieron entonces necesarios los heterocontroles, pues los usuarios de drogas pasaron a ser percibidos como una amenaza, tanto desde la perspectiva de la defensa social como de la salud pública. "Con la aparición de los heterocontroles, la cuestión de la droga se torna la cuestión de la toxicomanía, cuestión de la responsabilidad (tratamiento y/o represión) de un problema especial por parte de agentes especializados. En nuestras sociedades, dos instancias especializadas se encuentran en una situación de rivalidad - colaboración para el heterocontrol de la toxicomanía: la justicia y la medicina" (Castel y Coppel, 1994).

        Un claro ejemplo de la disputa por el control de esta “anormalidad”, así como de algunas de las consecuencias antes señaladas de la medicalización, puede encontrarse en la actual situación en la Argentina. La ley 23.737 sanciona penalmente la tenencia de drogas. El espíritu general de la ley considera que el consu­mi­dor de drogas es un "de­lincuente" y un "enfer­mo", por lo que da lugar a trata­mien­tos com­pul­sivos. En caso de que el tenedor compruebe que los estupefa­cientes están destinados a su consumo personal, la punición puede ser reemplaza­da por medidas "curativas" o "educati­vas". Si esa persona se niega a recibir tratamien­to, debe cumplir la pena establecida para la tenencia de drogas. Si acepta, una vez que ha concluido el tratamien­to en forma satisfactoria y después de un lapso de tres años, previo dictamen de peritos que acrediten que ha logrado una "rein­serción social plena, familiar, laboral y educativa", podrán suprimirse los anteceden­tes penales. En caso de que transcu­rridos dos años de tratamiento no se obtuviera un grado aceptable de recuperación por su falta de colaboración, "se reanudará el trámite de la causa (en el caso de procesados) y podrá aplicársele la pena" y en el caso de condena­dos, "el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia" [3] . 

        Si bien lo mencionado pareciera abonar un paradigma más represivo que medicalizado, entendemos que se está perfilando una clara hegemonía del aparato médico. Siguiendo a Grimberg, “definimos como construcción social de los procesos de salud - enfermedad - atención al proceso de condicionamiento recíproco entre las representaciones y las prácticas, desarrolladas tanto por los ‘especialistas’ del campo -incluidos los distintos niveles de atención institucional y no institucional y los diversos conjuntos sociales” (Grimberg, 1995). La creación de los primeros centros de atención de usuarios de drogas en la Argentina, abonó una construcción inicial del uso de drogas como problema psiquiátrico - toxicológico, cuyo control fue confiado a profesionales médicos, para pasar luego a ser “percibido, categorizado y significado” como problema psico - social, para el cual se requería la colaboración de otros profesionales y también luego de los "ex adictos".

        El usuario de drogas es concebido entonces como un enfermo por causa conocida, cuya cura puede lograrse si se impide su acceso a la sustancia dañina causante. En la mayor parte de las organizaciones que ofrecen tratamiento, la condición de ingreso es la suspensión del consumo, lo cual remite a una situación paradójica: aquellos que concurren a un servicio con el objetivo de dejar de consumir, deben hacerlo antes de comenzar el tratamiento.

        Las modalidades de atención incluyen una variedad de combinaciones de disciplinas y técnicas que incorporan desde enfoques psiquiátricos hasta propuestas con fuerte contenido religioso. Prácticas definidas como psicoanalíticas y comunidades terapéuticas aparecen como los dos recursos más habituales. Si bien en ambas pueden reconocerse antecedentes teóricos y modelos explicativos dispares, las intervenciones apuntan a un mismo objetivo: la abstención (Touzé et al., 1997).

         En todo este proceso, sin embargo, la práctica de uso inyectable de drogas, que tiene antecedentes poco conocidos y estudiados en la Argentina, quedó oculta y eludida para la mayor parte de los centros de atención de usuarios de drogas, aunque su relación con la transmisión del VIH/sida ofrecía una especial ocasión a la perspectiva medicalizante que predomina en el área.

 

La reducción de daños como estratega preventiva

 La fuerza del paradigma abstencionista retrasó significativamente la aceptación de otros modelos de trabajo como el de la reducción de daños.  

El concepto de reducción de daños asociado al uso de drogas se enlaza con posturas sanitarias de principios del siglo XX. Existe acuerdo en que la recomendación a los médicos de prescribir drogas no sólo en base a la suspensión de las dosis, sino también en dosis decrecientes, hecha por el Comité Rolleston en Gran Bretaña en la década del ’20, es el antecedente de esta política social. El concepto de reducción de daños se desarrolla en la década del ’70 en Holanda cuando aparecen alternativas profesionales identificadas con la perspectiva del usuario de drogas, denominadas “modelo de la aceptación” (del Río, 1995).  

Esta estrategia preventiva tuvo un rápido desarrollo en Europa occidental y en Australia y en los últimos años en Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.En América latina, Brasil es el único país que la ha incorporado como política pública de prevención del VIH/sida, mientras que en la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay, tiene una grado de aplicación diferente según cada país.  

Bajo la denominación de reducción de daños se agrupan una multiplicidad de programas con diverso tipo de intervenciones, lo que da cuenta entre otras cosas, de las diferencias en los contextos culturales en que se desarrollan.  

Hay casos en que esta estrategia se enraíza en una estructura sanitaria, por lo general del sistema público, que ya desarrollaba programas en esta perspectiva desde hace varias décadas (por ejemplo, programas de sustitución con metadona). El eje está puesto en los beneficios de esta modalidad respecto del cuidado de la salud de los usuarios de drogas y su impacto en la salud pública (Rossi y Touzé, 1996)  

Pero también es posible observar en algunos programas, una lectura de corte más social, que hace hincapié en la marginalización y estigmatización de los usuarios de drogas e insiste en la necesidad de cambiar las representaciones sociales que fomentan estos mecanismos de exclusión. Esta perspectiva no se limita a los aspectos sanita­rios del cuidado y mejoramiento de la salud sino que postula la defensa de los derechos de las personas que usan drogas, reivin­dicando su condición de ciudadanos, con los mismos derechos a la vida, la libertad, la estabilidad y el acceso a la salud que los no - usuarios.  

Básicamente, los programas de reducción de daños dejan de lado la idea de que la abstención es la única meta a ser perseguida; los servicios son más accesibles a los usuarios, tanto en cuanto a la localización, como a la flexibilidad de horarios y a los requerimientos. En lugar de esperar la llegada espontánea de los usuarios, los centros difunden y ofrecen sus servicios en los locales de reunión de usuarios y a través de sus redes de interacción habituales. El trabajo callejero constituye una estrategia clave. Se ofrece una amplia gama de servicios y de alternativas, entre las que se destacan la provisión de condones y de jeringas estériles. Estos programas se apoyan en la participación de los mismos usuarios de drogas como actores de la prevención.  

Según estudios internacionales, la mayoría de los usuarios de drogas inyectables (aproximadamente el 85%) nunca llegan a servicios de tratamiento (Needle et al, 1998). Los programas de reducción de daños se dirigen con prioridad a los usuarios de drogas por vía intravenosa que no frecuentan las instituciones y que tienen escaso o nulo contacto con los dispositivos sanitario y social. Llegan a grupos de usuarios de drogas con largas historias de uso inyectable y que están en significativo riesgo de infección por VIH. Esto no excluye que los principios de la reducción de daños puedan aplicarse a otras poblaciones: de lo que se trata en definitiva es de ayudar a las personas a que desarrollen sus prácticas en situaciones de menos riesgo, en lugar de imponerles el abandono de dichas prácticas.  

Una de las principales conclusiones del estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud [4] , es que los datos aportan una evidencia  muy clara respecto de los cambios que los usuarios de drogas inyectables (UDIs) producen en sus comportamientos si tienen acceso a la información preventiva acerca del VIH/sida, y a las medidas adecuadas para producir ese cambio. Esos cambios de comportamientos ayudaron a prevenir la epidemia en algunas ciudades. Otra de las evidencias más concluyentes es  que las ciudades que respondieron más rápido con políticas preventivas de transmisión del VIH entre los UDIs., lograron contener el avance de la epidemia en esa población. Ello indica la importancia de tomar medidas tales como el acceso legal a la disponibilidad de agujas y jeringas para todos los que las usen y el desarrollo de programas de intervención en el contexto de uso de drogas a fin de tender puentes entre los UDIs y los equipos de salud, aún cuando las cifras de la epidemia sean todavía bajas  (Stimson et al, 1998).  

El 40% de las personas con sida en la Argentina atribuyen la transmisión del VIH al uso compartido del material de inyección. El Ministerio de Salud estima que hay aproximadamente 120.000 personas viviendo con VIH en la Argentina. Es la tercer causa de muerte para todo el país entre los 15 y 44 años, la primera en la ciudad de Buenos Aires y la segunda en la Provincia de Buenos Aires. No obstante, son aún muy escasas las iniciativas de trabajo que buscan alcanzar a la población de usuarios de drogas inyectables en la perspectiva de reducir los daños asociados con el uso de drogas.  

En el año 1998, la Asociación Civil Intercambios, comenzó con un proyecto de investigación - intervención acerca de la prevención de la transmisión del VIH entre usuarios de drogas inyectables. Para abril del año 1999 estábamos comenzando con un gran desafío, demostrar que era posible hacer reducción de daños en la Argentina, y elegir el trabajo comunitario para trabajar con una población que poco aparecía en los escasos relatos que hasta ese momento estaban documentados. (Touzé et al, 1999).  

Los objetivos del proyecto incluyeron el análisis de la situación del uso de drogas respecto de la infección por VIH en la Argentina y del perfil de los usuarios de drogas inyectables de la ciudad de Buenos Aires. Como producto del análisis de esos datos es que desarrollamos un proyecto piloto de reducción de riesgos de transmisión del VIH entre usuarios de drogas en la zona sur del Gran Buenos Aires.  

         Utilizamos la metodología de Evaluación y Respuesta Rápida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (Stimson et al, 1998). Se recogió información proveniente de estudios publicados y datos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

El análisis de los datos del contexto general, mostró vacíos importantes en la información, tales como, la escasa actualización de los datos existentes, la escasa producción de datos acerca de la vía de consumo, la poca información referida a población no vinculada con instituciones de tratamiento, y por último, el desconocimiento de datos globales acerca de la incidencia  del consumo de drogas inyectables y su relación con el VIH.  

         Con el fin de construir el perfil del uso de drogas inyectables en Buenos Aires, se realizaron 60 entrevistas a informantes clave. Al mismo tiempo, se efectuaron 60 entrevistas en profundidad a usuarios de drogas inyectables actuales, que no estuvieran en programas de tratamiento por drogas.  

Los datos obtenidos indican que llegamos a una población mayoritariamente masculina, joven, soltera, con bajo nivel de instrucción, con empleos sin calificación y sin relación de dependencia. Muchos de ellos viven en zonas marginales de Buenos Aires y en general no son el principal sostén del hogar. La principal droga de consumo inyectable entre ellos es la cocaína.  

Así fue que como producto de los datos obtenidos en la investigación y de los vínculos de confianza establecidos a partir de las entrevistas realizadas a los usuarios de drogas inyectables, pudimos comenzar intervenciones comunitarias basadas en el pasaje de información, la apropiación de herramientas que sirvieran para modificar algunas de las prácticas que podían favorecer la transmisión de enfermedades, la participación de los propios usuarios en la planificación de las acciones y su capacitación e incorporación como educadores de pares. En junio de 1999 comenzamos con el primer programa de distribución de jeringas en la Argentina.  

La intervención comunitaria se diseñó como una “búsqueda del derecho a la diferencia, excluyendo la sanción del juicio moral para llegar a ser una búsqueda de la igualdad de los derechos” (Cavalcanti, 1995). .

          Para desarrollar una tarea preventiva debe atenderse a la complejidad y diversidad de los usos de drogas, de los contextos en que ese uso se da, y de los sujetos que participan y son actores de la tarea preventiva,  ya que el discurso uniforme y pretendidamente seguro acerca de "la droga" no sólo es inadecuado sino fuente de otros sufrimientos como alimento de los procesos de estigmatiza­ción social.  

El trabajo comunitario permite la posibilidad de identificar los obstáculos y posibilidades que en el ámbito de la sociabilidad propia de un territorio encuentran los usuarios de drogas para ser considerados sujetos de la prevención, para acceder a los recursos necesarios para el auto cuidado. A la vez, hace necesario el trabajo en redes que organicen y potencien la información y las acciones de diferentes grupos comunitarios (Goltzman, 2001).  

Los obstáculos se relacionan con todas las barreras materiales y simbólicas que impiden el acceso a la información, a los cuidados y a la gestión del riesgo en las prácticas de los sujetos. El trabajo comunitario permite escuchar las interpretaciones de los sujetos respecto de esos obstáculos, a la vez que observar la interacción social y facilitar un proceso de integración y aproximación de recursos. Pero es condición para este proceso que los propios sujetos sean protagonistas de las decisiones y orientaciones del trabajo. Eso significa incorporar en el diseño y el desarrollo de las intervenciones a los usuarios de drogas. Considerar sus conocimientos y saberes, potenciarlos y articularlos con saberes y conocimientos provenientes del campo científico o técnico.  

Las posibilidades están dadas en muchas ocasiones por la propia organización social del territorio en el que trabajamos. La tarea de conocimiento de esas oportunidades y de acercar otras más distantes es también un trabajo que tiene necesidad de la integración en equipos de personas del ámbito comunitario junto con los técnicos. Esos procesos de ampliación del conocimiento individual situado en un ámbito micro social, que comienza a nutrirse del conocimiento de otros sujetos y los recursos de diversas instituciones, habilita la construcción de redes que pueden tener como intención ampliar los márgenes de aprovechamiento de los recursos de un determinado grupo de personas.  

“La intervención comunitaria descansa pues en la apertura de los profesionales a los espacios no institucionales, lo que implica otra representación social de los papeles de los profesionales, de los no profesionales y de los usuarios. El postulado de base: la ciudadanía de los agentes sociales investidos a partir del reconocimiento de sus diferentes campos de experiencia” (Cavalcanti, 1995).

Significa integrar la cuestión de los derechos de los usuarios de drogas, el desplazamiento de la representación del usuario de drogas como delincuente o enfermo para considerarlo un ciudadano y sobretodo "ciudadano como los demás".

   

REFERENCIAS:

  Castel, Robert y Coppel, Anne "Los controles de la toxicomanía" en Ehrenberg, Alain (comp.) Individuos bajo influencia. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, 1994.

  Cavalcanti, Lía "Drogodependencias y trabajo comunitario: del difícil arte de conciliar lo conflictivo. La experiencia de la asociación Espoir Goutted´or (EGO) París". En II Encuentro Nacional sobre drogodependencias y su enfoque comunitario, Cádiz, España, Marzo 1995.

  Conrad, Peter "Sobre la medicalización de la anormalidad y el control social". En Ingleby, D. et al.:Psiquiatría crítica. Crítica,Barcelona, España, 1982.

  Conrad, Peter y Schneider, J. v “Deviance and medicalization. From badness to sickness”. Merrill Publishing Company, Columbus-Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, 1985.

del Río Meyer, Miguel "Los programas de disminución de riesgos y baja exigencia" en "II Encuentro Nacional sobre drogodependencias y su enfoque comunitario", Ed. Junta de Andalucía, España, 1995.

  Escohotado, Antonio "Historia general de las drogas", Tomo 1; Alianza edito­rial, Madrid, España, 1989.

  Freidson, E. “La profesión médica”. Ediciones Península, Barcelona, España, 1978.

  Goltzman, Paula "Intervenciones comunitarias en prevención del sida en usuarios de drogas. Relato de una experiencia" en Ensayos y Experiencias, Buenos Aires, Argentina, 2001 (en prensa).

  Grimberg, Mabel “Sexualidad y Construcción Social del HIV-SIDA : Las representaciones médicas” en Cuadernos Médico Sociales Nº 70. CESS, Rosario, Argentina, 1995.

  Needle, Richard; Coyle, Susan; Normand, J.; Lambert, Elizabeth; Cesari, Helen: “HIV Prevention with Drug-Using Populations - Current Status and Future Prospects: Introduction and Overview” en Public Health Reports, Vol. 113, Supplement 1, Washington, Estados Unidos de Norteamérica, junio 1998.

  Parsons, Talcott “El sistema social”, Alianza, Madrid, España, 1984.

  Romani i Alfonso, Oriol “Marginación y drogodependencia. Reflexiones en torno a un caso de investigación-intervención” en Alvarez-Uría, Fernando (Ed.) Marginación e inserción. Los nuevos retos de las políticas sociales. Ediciones Endymión, Madrid, España, 1992.

  Rossi, Diana "Uso de drogas el sentido de la intervención" en Revista Análisis, Volumen I Número I, Medellín, Colombia, 1998.

  Rossi, Diana y Touzé Graciela "Prevención del SIDA en consumidores de drogas" en Seminario sobre SIDA - Colección Divulgación, Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1996.

  Stimson, Gerry, Des Jarlais, Don y Ball, Andrew "Drug Injecting and HIV Infection: Global Dimensions and Local Responses". World Health Organization, UCL Press, Londres, Gran Bretaña, 1998.

  Stimson, Gerry; Fitch, Chris y Rhodes, Tim (Editores) “Guía para la Evaluación Rápida y Desarrollo de Respuestas en el Uso de Drogas por Vía Inyectable”. Organización Mundial de la Salud - Programa sobre Abuso de Sustancias, Ginebra, Suiza, 1998.

  Touzé, Graciela; Rossi, Diana; Cymerman, Pablo; Goltzman, Paula; Lasala, Gustavo y Sánchez, Ariel "Harm reduction in Argentina: a challenge to NGO’s” en International Journal of Drug Policy, Volume 10, Issue 1, Amsterdam, Holanda,1999.

  Touzé, Graciela; Rossi, Diana; Cymerman, Pablo; Ereñú, Norma; Faraone, Silvia; Goltzman, Paula; Rojas, Enrique; Vásquez, Susana “Prevención del VIH/SIDA en usuarios de drogas. Resultados de un proyecto de investigación e intervención”, editado por Intercambios, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 1999.