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¿Cambiará la política de drogas?
La noticia de la no renovación de José Ramón Granero al frente de la SEDRONAR en el nuevo período presidencial de Cristina Fernández abre interrogantes e invita a revisar la historia de este organismo. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) fue creada en 1989, directamente bajo la órbita de Presidencia de la Nación, por el entonces mandatario Carlos Menem. Se concentraron así en un único organismo responsabilidades tan dispares como la persecución criminal, la atención de la salud y la prevención.
La creación de la SEDRONAR llegó junto a la sanción de la ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, que estableció la persecución a las personas que usan drogas y su encarcelamiento en caso de no aceptar hacer un tratamiento. Veinte años de esta ley brindan resultados contundentes: siete de cada diez detenidos por la ley de drogas son consumidores, el resto son mulitas (transportistas fronterizos con pequeñas cantidades) y pequeños vendedores de barrios pobres, que llegan a ser un tercio de las personas detenidas en las cárceles federales, en abrumadora mayoría mujeres jefas de familia y migrantes pobres.
La SEDRONAR operó como organismo político de legitimación de la aplicación de esta ley, que continúa vigente, aunque un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2009 –el fallo Arriola- cuestiona su contenido y existen en el Congreso de la Nación nueve proyectos para reformarla.
Con matices según la gestión, las posiciones de la SEDRONAR no profundizaron en una perspectiva de atención de la salud pública. A principios de los ´90, en plena epidemia de transmisión de VIH entre usuarios de drogas inyectables por compartir jeringas –cuando en esta población se concentraba casi la mitad de los casos de sida diagnosticados en el país-, el entonces secretario Eugenio Lestelle se opuso explícitamente a apoyar los programas de entrega de jeringas limpias, que ya tenían reconocimiento internacional por su éxito para controlar la transmisión del VIH.
La estrategia asistencial privilegió la tercerización de la asistencia y no fortaleció la respuesta pública de salud. Además, no promovió las estrategias de reducción de daños, de probada efectividad para mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas. La SEDRONAR concentró la asistencia en becas para dispositivos de internación y, en menor medida, ambulatorios, pero sin inserción comunitaria, que es clave para abordar los problemas relacionados con el consumo problemático de drogas tal como reconoce la nueva ley de salud mental.
Si acordamos que ésta es una problemática compleja que impacta en la salud, educación, familia y el mundo del trabajo, estas áreas de gobierno deberían participar en un abordaje intersectorial, lo que la SEDRONAR no promovió. Su creación, pareció “quitar responsabilidad” a otras áreas de gobierno.
A partir de 2007, el Estado Nacional mantuvo dos políticas de drogas en simultáneo. Por un lado, se mantuvo a José Granero al frente de la SEDRONAR con los lineamientos señalados. Por otro, bajo la órbita de Jefatura de Gabinete se creó un Comité Científico Asesor que estableció una batería de recomendaciones y proyectos de reforma de la ley 23.737. Estas posturas contrapuestas llegaron incluso a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, cuando en la sesión de 2008 el entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández planteó como posición oficial la despenalización de la tenencia para consumo personal y la reducción de daños.
La expectativa de estos días se centra en qué perspectiva será la que prime en la conducción de la SEDRONAR en esta nueva etapa, cuyo titular al cierre de esta edición de Intercambiando no estaba definido. Los lineamientos de la ley de Salud Mental establecen un camino. La jurisprudencia de la Corte Suprema con el Fallo Arriola y las propuestas de reformas de la ley de estupefacientes van en el mismo sentido.
Desde quienes trabajamos cotidianamente con las personas que padecen los problemas asociados a las drogas, sabemos que el armado de una red asistencial, el fortalecimiento de la atención a los usuarios en el espacio público y una respuesta integral son las claves en una perspectiva a favor de los derechos humanos y en la que prime la atención de la salud pública.
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Los países de la UNASUR debatieron sobre drogas
 Los días 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, una reunión del Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de Drogas. Participaron delegaciones de los doce países que integran el bloque regional.
En un ámbito que asoma como una instancia alternativa a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), los países de la Unasur debatieron, con asistencia record, en el marco del Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de Drogas.
Argentina estuvo representada por Mónica Cuñarro, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción; y Eduardo Bustos Villar, Secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación.
La agenda de trabajo se centró en: la ratificación del Plan Sudamericano sobre oferta y demanda de drogas, la aprobación de la metodología para el Plan de Acción aprobado por el Consejo, la discusión de acuerdos con la Unión Europea y los temas de armonización legislativa en materia de drogas.
Por otra parte, dentro del plan aprobado, se trabajó en las diferentes líneas de acción: área de la demanda, medidas de control, lavado de activos, observatorio sudamericano, medidas de prevención y capacitación, desarrollo integral y grupos vulnerables, cocaína fumable, fortalecimiento institucional y armonización legislativa.
De acuerdo a lo resuelto en La Paz, Argentina preside la Comisión de Demanda a través de Eduardo Bustos Villar. También estará a cargo de lo relativo a armonización legislativa y enlaces entre los países, ya que Mónica Cuñarro fue elegida por unanimidad para encabezar esa tarea. El Centro de Adiestramiento y Capacitación Policial también será responsabilidad de Argentina, junto a Bolivia y Colombia.
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50º período de sesiones de la CICAD |
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Argentina preside la CICAD en 2012
 El organismo se reunió en noviembre en Buenos Aires y Argentina fue designada para presidirlo durante los próximos 12 meses. Se destacó el uso de la evidencia científica producida en el Observatorio Interamericano de Drogas como un pilar para el establecimiento de políticas públicas. Participaron 22 países y 21 organizaciones, entre las que se contó Intercambios.
Entre el 2 y el 4 de noviembre, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) llevó a cabo en Buenos Aires su 50º período de sesiones. Durante la reunión, la Comisión acordó expandir algunos de sus programas a regiones como Centroamérica y el Caribe. Se destacó el proyecto para el establecimiento de Tribunales de Tratamiento de Drogas y la labor del Observatorio Interamericano de Drogas.
El Secretario Ejecutivo de la CICAD, Paul Simons, destacó la implementación de una nueva “Estrategia Hemisférica sobre Drogas” enfocada en la participación de la sociedad civil, el desarrollo de políticas basadas en la evidencia y la atención a las necesidades de grupos en situación de riesgo, entre otros.
Simons hizo énfasis en “los esfuerzos de los observatorios de drogas del hemisferio para contribuir a las estrategias de lucha contra las drogas basadas en la evidencia científica”.
También se eligió al argentino José Ramón Granero, por entonces al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), y al costarricense Mauricio Boraschi respectivamente, como Presidente y Vicepresidente de la Comisión -que celebró sus 25 años- para los próximos doce meses. Granero marcó tres ejes en la estrategia para reducir el consumo de drogas: “Es un tema que debe ser tratado por los organismos de salud, siempre debe encararse bajo el paraguas de los derechos humanos y cualquier medida que se tome en este campo debe estar basada en la evidencia científica”.
La intervención de Intercambios
En una breve intervención, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, señaló que “la esfera de lo público no es monopolio estatal” y, en ese sentido, manifestó su beneplácito por el reconocimiento de la importancia de la participación de la sociedad civil para la implementación de políticas y programas. “Por ello -expresó-, nos permitimos poner a consideración de los Señores Delegados la necesidad de estudiar mecanismos concretos que promuevan efectivamente esta participación en los niveles nacionales y regionales”.
“Nos parece que sería oportuno que la CICAD considerara tener un área especial de relación con la sociedad civil que promoviera un contacto e interacción más sistemáticos con las ONGs de la región, lo que favorecería un involucramiento más activo de las organizaciones de la sociedad civil y de los grupos más afectados, permitiendo una mayor diversidad de puntos de vista”, completó.
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Más impulso a las reformas |
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Latinoamérica en la conferencia de la DPA
 Una sesión con representantes de seis países y una reunión entre los delegados de América Latina marcaron la presencia de la región en la Conferencia Internacional de Reformas de Políticas de Drogas convocada por la DPA en Los Ángeles.
Con un llamamiento a profundizar la búsqueda de reformas a las actuales políticas de drogas, del 3 al 5 de noviembre último se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles la International Drug Policy Reform Conference que organiza cada dos años Drug Policy Alliance (DPA).
En el marco de un programa donde el debate se centró en reducción de daños, encarcelamientos por drogas, el papel de la juventud en las políticas de drogas, la legalización de la marihuana y los tratamientos de salud, la región tuvo su espacio en la sesión denominada “Innovación en políticas de drogas y estrategias en Latinoamérica”.
En este panel, el viernes 4 de noviembre por la mañana, se repasaron los problemas que trajo a la región el paradigma de la guerra contra las drogas, se analizaron los cambios legislativos, se impulsó la coordinación de esfuerzos en pos de las reformas en los distintos países y se valoraron las oportunidades que ofrece la merma de la influencia estadounidense.
Con la moderación de Coletta Youngers (WOLA), participaron del panel Pedro Vieira Abramovay (Brasil), Eduardo Vergara Bolbarán (Chile), Alejandro Corda (Intercambios, Argentina), Catalina Pérez Correa (México), Diego Grooscors (Costa Rica) y Rodrigo Uprimny Yepes (Colombia). Intercambios -que además de Alejandro Corda, estuvo representada por Eleonora Pfister- organizó también, el mismo viernes 4 por la tarde, una reunión de los delegados latinoamericanos en la cual se compartió el estado de situación de cada país.
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“La guerra global contra las drogas ha fracasado” |
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Carta abierta de la Beckley Foundation
.jpg) De Sting a Lech Walesa, desde Yoko Ono a Ruth Deifruss, pasando por Gilberto Gil, Martin Perl y Bernardo Bertolucci, en una declaración publicada en la prensa británica, 60 líderes mundiales de distintas disciplinas instaron a encarar los problemas asociados a las drogas desde un nuevo enfoque.
.jpg) La guerra contra las drogas “ha fracasado, y ha tenido numerosas consecuencias involuntarias y devastadoras a nivel mundial”. Así lo advierte una carta de la Beckley Foundation que firmaron, entre otros, los ex presidentes Jimmy Carter (EE.UU.), Fernando H. Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Vicente Fox (México), Ruth Dreifuss (Suiza), Lech Walesa y Aleksander Kwasniewski (ambos de Polonia).
.jpg) Según el texto -que firman también diversos ganadores del Premio Nobel como Kary Mullis, Kenneth Arrow, Thomas C. Schelling, Anthony Leggett, Martin L. Perl y Mario Vargas Llosa, entre otros- se estima que hay aproximadamente 10 millones de personas en prisión a nivel mundial por delitos relacionados con estupefacientes, por lo general “peces pequeños” (consumidores y traficantes menores).
.jpg) “La estabilidad, seguridad y desarrollo se ven amenazados por las consecuencias de la lucha contra las drogas; y lo mismo sucede con los derechos humanos. Decenas de miles de personas mueren en la guerra contra las drogas cada año”, señala otro párrafo de la carta, que cuenta además con la adhesión de personalidades del espectáculo y la cultura tales como Sting, Yoko Ono, Bernardo Bertolucci y Gilberto Gil.
Tras puntualizar que “las políticas de prohibición crean más daños de los que previenen”, los firmantes proponen “un enfoque basado en la salud, la reducción de daños, la eficiencia y el respeto por los derechos humanos. La evidencia muestra sistemáticamente que estas propuestas basadas en la salud producen mejores resultados que aquéllas basadas en la criminalización”.
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Despenalización: avanza una mirada favorable |
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Más voces dispuestas a una apertura
A las opiniones de los líderes mundiales nucleados en la Comisión Global de Políticas de Drogas, en los últimos meses se sumaron personalidades como el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda y el subsecretario General de la ONU y Director de la División para América Latina del PNUD, Heraldo Muñoz.
Ante la evidencia del fracaso de las políticas represivas y prohibicionistas, cada vez son más los líderes mundiales que asumen la necesidad de abordajes alternativos. Se extiende entre funcionarios y expertos el diagnóstico de que la guerra contra las drogas instaurada hace 40 años, más que solucionar el problema, lo ha agravado.
 Ya había tenido un alto impacto hace unos meses la presentación del documento de la Comisión Global de Políticas de Drogas en el cual se pedía “un sustancial cambio de paradigma” en la política de drogas mundial.
La Comisión, integrada entre otros, por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo y por el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan, advertía entonces que “los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo”.
En consonancia con este punto de vista, otros líderes y funcionarios emitieron en las últimas semanas opiniones que reflejan la necesidad de profundizar el debate. Uno de ellos fue el chileno Heraldo Muñoz, subsecretario General de la ONU y Director de la División para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien luego de aclarar que “ni el PNUD ni la ONU tienen posición sobre el tema”, aseguró que esos organismos ven como “legítimo que se empiece a discutir, como han propuesto algunas personalidades, regularizar o legalizar algunas drogas”.
Por su parte, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, en una conferencia que brindó en Estados Unidos, señaló que los países latinoamericanos que más han sufrido por el narcotráfico, como México y Colombia, tienen la "autoridad moral" para demandar a ese país una legalización de las drogas. "México, junto a Colombia y Brasil, y Perú, deberían hacer de la defensa de la legalización en Estados Unidos su principal política exterior", afirmó el reconocido intelectual y ex funcionario.
 Finalmente, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en una posición que marca un cambio respecto de la intransigencia que han mostrado los últimos gobiernos de su país, dijo que se debe “repensar” la guerra contra las drogas y admitió que le “gustaría hablar” acerca de la legalización de la marihuana y de la cocaína. Si bien aclaró que no quiere “estar a la vanguardia” de un movimiento en ese sentido, “podría considerar la legalización si hay un consenso mundial”.
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Se presentó en Buenos Aires “América Latina debate sobre drogas” |
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Un libro para debatir y generar nuevos consensos
 Para el lanzamiento del libro que reúne las ponencias de las I y II Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas, se realizó una charla en la que participaron Ricardo Soberón, Milton Romaní, Stella Maris Martínez y Adriana Clemente, además de las compiladoras Graciela Touzé y Paula Goltzman.
Con una charla realizada a comienzos de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación, se presentó en Buenos Aires el libro “América Latina debate sobre drogas”, que reúne las ponencias de las I y II Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas, realizadas en Buenos Aires y Río de Janeiro, en 2009 y 2010 respectivamente.
Cantidad y diversidad
Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, destacó el esfuerzo combinado entre esa organización y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para editar esta obra, e hizo referencia a la “gran cantidad y diversidad de producciones, sintetizadas en el título”.
Luego, la Defensora General de la Nación, la argentina Stella Maris Martínez, señaló que un libro como América Latina debate sobre drogas es necesario porque, “aunque se haya dicho mucho, se siguen usando las técnicas inadecuadas, causando mucho más dolor que el que se evita”. Puso como ejemplo a los jueces que, aunque se haya sancionado la Ley de Salud Mental, siguen avalando las internaciones compulsivas con el argumento de que la norma no está reglamentada.
Adriana Clemente, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, consideró que el libro “interpela básicamente tres categorías: la institucional, la legislativa y la de los saberes. En esta última encontré muchos cambios: se investiga y se sabe mucho. En el campo legislativo hay avances, pero la despenalización por sí misma no evita que se siga criminalizando a los usuarios. Y en lo institucional hay una deuda importante, pero se están llevando adelante políticas e inversiones en gasto público que nos dan perspectivas más alentadoras”.
Iniciativas propias
Luego fue el turno de Ricardo Soberón, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) del Perú, quien, luego de aludir a las diferencias entre la labor académica y la función pública que le toca ejercer actualmente, valoró especialmente la ponencia de Mónica Cuñarro sobre Armonización Legislativa en América Latina. “Durante muchos años -expresó- la región fue sólo receptor legislativo. Se adoptaban las normas que imponía Estados Unidos. Ahora América Latina tiene sus propias iniciativas”.
El embajador del Uruguay ante los organismos internacionales en el problema mundial de drogas, Milton Romaní, manifestó: “En mis seis años al frente de la Junta Nacional de Drogas de mi país, no saben la fortaleza que me dio escuchar otras voces cada vez que asistía a las conferencias” nacionales y latinoamericanas organizadas por Intercambios, y advirtió: “Tenemos que enfrentar a la vez los daños que generan las drogas y los daños que generan las políticas que se aplican, no sólo desde los gestores, sino desde las instituciones policiales y de la salud”.
Por último, Paula Goltzman, responsable del área de Intervención y Capacitación de Intercambios y compiladora del libro junto a Graciela Touzé, afirmó: “Una conferencia no soluciona las cosas que nos incomodan, tales como las políticas que se centran en el castigo a los usuarios y la tendencia a creer que la culpa la tienen ellos y no los dispositivos que montamos para atenderlos, pero sí nos permite juntarnos, debatir y generar consensos”.
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Córdoba: Las drogas son la cuarta causa de encarcelamiento |
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La mayoría son mujeres pobres involucradas en microtráfico
 Las estadísticas elaboradas en base a la población de las cárceles de la provincia confirman la tendencia observada a nivel nacional dentro del Sistema Penitenciario Federal. Además, casi todos los detenidos de ambos sexos por violar la Ley de Estupefacientes integran los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico.
La información brindada por el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba respecto de la composición de la población carcelaria de esa provincia confirma las conclusiones presentadas en el libro “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina”, presentado en agosto de este año y cuya autoría corresponde a Alejandro Corda, investigador de Intercambios.
Según el trabajo realizado sobre las 5965 personas detenidas en las cárceles cordobesas, los delitos de competencia federal (por lo general, en relación con la violación de la Ley de Estupefacientes, según explica el informe del Ministerio de Justicia de la provincia), son la cuarta causa de detención en Córdoba, y afectan a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Existen entre los presos de la provincia 325 procesados y sólo 72 condenados por este motivo.
Entre las mujeres, los números son mucho más significativos: la gran mayoría de las 249 detenidas en las prisiones provinciales están allí por violar la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. “Conviene advertir que en los últimos años creció el porcentaje de mujeres procesadas por vender droga al menudeo”, señala el informe. Las razones principales, según se asegura, son dos: la necesidad de encarar la venta de drogas al caer presos sus maridos y la estrategia de las bandas narcos en virtud de las mayores posibilidades de la mujer de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
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Incremento del VIH en usuarios inyectables |
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La crisis en Europa afecta las políticas de drogas
 En quince países de Europa avanza la eliminación de las políticas sanitarias y de reducción de daños. Predicen consumo de sustancias más económicas y nocivas. Mientras tanto, en Grecia, la tasa de transmisión de VIH en usuarios de drogas inyectables se incrementó diez veces en los primeros meses de 2011. Alarma mundial por el retroceso y el abandono a las personas que usan drogas.
A causa de la recesión económica que afecta a Europa, la Comisión Europea predice que, por primera vez en una década, en 2011 disminuirá en términos reales el presupuesto destinado a políticas públicas en la Unión Europea; las orientadas a usuarios de drogas se cuentan entre las que sufren un recorte drástico.
Quince países recortan “gastos” en drogas
Así lo indica un informe de los puntos focales nacionales Reitox , que relevó las asignaciones presupuestarias a las intervenciones relacionadas con drogas. De los 19 países que respondieron, 15 informaron que desde 2008 redujeron los fondos disponibles para algunas áreas de las políticas de drogas. El tamaño de los cortes varía considerablemente, del 2 al 44%, según el país y el área en cuestión.
Las áreas más afectadas son: investigación, prevención, reinserción social y actividades organizacionales. La mayoría de los países parece haber evitado la reducción de sus presupuestos para el tratamiento, aunque algunos informaron sobre reorganización de servicios, recortes en programas relacionados con drogas en las prisiones y aplicación de la ley. En muchos casos, el presupuesto asignado a drogas no está clasificado. Es decir que el impacto real podría ser mayor.
La recesión y el consumo de drogas
A este panorama se suma el impacto de la recesión económica en los problemas relacionados con las drogas. Un análisis presentado durante la conferencia de 2010 de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Política de Drogas (ISSDP) plantea: reducción de los servicios para usuarios de drogas debido a los recortes en el gasto público; mayor número de personas desempleadas pueden volcarse al microtráfico; y los usuarios más pobres pueden recurrir a vías más eficientes y riesgosas de administración de sustancias, entre otras consecuencias posibles.
Grecia, mayor tasa de VIH en UDIS
Durante los primeros siete meses de 2011 se experimentó un aumento sin precedentes (más de diez veces) de nuevos casos de VIH 1 entre usuarios de drogas inyectables (UDIS) en Grecia.
Históricamente, Grecia tuvo una baja tasa de transmisión de VIH entre UDIS. De 2000 a 2010, fueron notificados cada año entre 9 y 19 casos de infección VIH-1 en UDIS, lo que representó de 1.5% a 4.5% del total de las nuevas infecciones. Este año, del 1 de enero al 31 de julio de 2011, fueron notificados 113 nuevos casos al Centro Helénico para el Control y Prevención de Enfermedades entre usuarios de drogas inyectables (20,4% del total), que es el mayor número jamás registrado en este grupo desde el comienzo de la epidemia en ese país.
Entre ellos, el 87% eran hombres, 74% con entre 25 y 40 años de edad y, entre los casos para los cuales se conocía el lugar de residencia, el 76% provenían de la zona metropolitana de Atenas.
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Curso sobre drogas, VIH y derechos humanos
El 15 de diciembre finaliza el tercer curso del año por Internet “Políticas de drogas, VIH y derechos humanos”. Realizado en forma conjunta por Intercambios y Punto Seguido, el curso tuvo dos meses de duración, con ocho clases virtuales dictadas con una regularidad semanal. La coordinación académica estuvo a cargo de Graciela Touzé, investigadora de la UBA y presidenta de Intercambios.
El equipo docente estuvo compuesto por: Alejandro Corda, Paula Goltzman, Diana Rossi, Graciela Touzé y Marcela Vitarelli Batista, y las tutorías fueron realizadas por Paula Goltzman y Agostina Chiodi. Con el apoyo de la Fundación Open Society Institute, fueron becados 73 profesionales y activistas de 19 países latinoamericanos. Algunos comentarios de los participantes fueron:
Fortalecerse. “Soy profesional del área de las humanidades, docente y parte de equipos de apoyo a comunidades víctimas de la violencia ocasionada por el conflicto armado, fumigaciones por vía aérea, violencia socioeconómica. Participar en este curso es una ventana de oxígeno que necesito para fortalecer mi quehacer, incidencia y apuesta en la exigencia de los derechos de colombianos a quienes la adversidad les ha debilitado” (Sandra, Colombia).
Repensar. “Estoy muy contenta de participar en este grupo, seguramente podamos re-pensar nuestro quehacer cotidiano, realizar autocríticas y actuar al respecto” (María Eugenia, Argentina).
Intercambiar entre países. “Si bien no conozco mucho del tema de drogas, qué mejor oportunidad para conocerlo, desde la experiencia de cada uno de los participantes… muy valioso compartir conocimientos, nociones y contrastar realidades que cada país tiene respecto al tema en la región” (Jhon, Perú).
Unión regional. “Lo que me motiva a haber tomado este curso, es la importancia que para mí tiene la unión latinoamericana en cuanto a temas de drogas. Cada país tiene sus problemáticas y sus enfoques en la materia, pero es nuestro trabajo unirnos, informarnos y traspasar la barrera de la ignorancia, la estigmatización y la discriminación de los usuarios, y no permitir que los derechos humanos se sigan violando día tras día en esta guerra ciega” (Laura, Chile).
Política inclusiva. “Me entusiasma poder estar en este curso y compartir experiencias con relación al tema de drogas y derechos humanos con personas de toda la región, pues me parece que el camino para alcanzar una verdadera política de drogas incluyente y basada en los derechos humanos debe ser regional” (Daniel, México).
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Para reducir el estigma y la discriminación. Equipos de salud de Mendoza, Río Negro y Provincia de Buenos Aires participaron de las capacitaciones realizadas por la asociación civil Intercambios en el marco del proyecto “Reduciendo el estigma y la discriminación de los/las usuarios/as de drogas”, que se lleva adelante en conjunto con organismos de distintas provincias y el apoyo de la Fundación Levi Strauss. En la provincia de Buenos Aires, junto con la Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social, se realizaron dos cursos virtuales. En Mendoza, junto al Plan de Adicciones provincial, se realizaron talleres en la capital y en la ciudad de San Rafael. Finalmente, en las localidades de Viedma y Bariloche (Río Negro) se trabajó en conjunto con el Departamento de Salud Mental Comunitaria del Ministerio de Salud provincial. Las capacitaciones estuvieron a cargo de Graciela Touzé, Paula Goltzman y María Pía Pawlowicz, de Intercambios.
Personas con VIH no cubren la canasta básica. El 40% de las personas que viven con VIH en la provincia de Buenos Aires no cubre el costo de la canasta básica estimada en $1.186 por el INDEC, mientras sólo el 14% tiene empleo formal y el 37% dejó de buscar empleo cuando recibió el diagnóstico de la enfermedad. El estudio fue realizado por la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH-Sida (RBPPVS), con apoyo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas (ONUSIDA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con énfasis en las situaciones de estigma y discriminación. El relevamiento, orientado a sectores medio-bajos y bajos, fue realizado entre noviembre de 2010 y febrero de 2011 a 158 personas viviendo con VIH que residen en la provincia, mayores de 18 años, de los cuales 88 fueron varones (55,7%), 66 mujeres (41,8%) y 4 (2,5%) transgéneros.
EEUU: gobernadores piden se reclasifique la marihuana. Los gobernadores de los estados de Washington y Rhode Island pidieron a la Dirección Antinarcóticos (DEA) que reclasifique la marihuana para permitir su uso con fines médicos. En la actualidad, la DEA clasifica a la marihuana como una droga de Categoría 1, lo que significa que su uso médico no es legal a nivel federal. Sin embargo, en 16 estados del país, entre ellos Washington y Rhode Island, la marihuana sí es legal para uso médico, lo que entra en conflicto con la clasificación de las autoridades federales. Según una encuesta de la firma Gallup divulgada en octubre pasado, la mitad de los estadounidenses están a favor de legalizar la marihuana.
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